Durante los últimos años hemos visto en España una de las campañas mediáticas más potentes para intentar frenar el desarrollo de las energías renovables. Difícilmente pueden criticarse sus beneficios medioambientales, su capacidad para reducir nuestra preocupante alta dependencia energética, la mejora en la balanza de pagos o la generación de inversión y empleo. Por ello, los esfuerzos de las compañías tradicionales se centran en criticar sus costes, sin mencionar nunca sus beneficios. Hoy, que la bajada de costes hace que la eólica se acerque a precios de mercado y que la fotovoltaica sea una alternativa real a la generación eléctrica para autoconsumo, se critican las inversiones que se realizaron para llegar a donde nos encontramos.

El camino de las renovables no se puede parar, independientemente de que se consiga ralentizar en nuestro país. Un mercado que, a nivel internacional, ha crecido un 32% en 2010 y un 17% en 2011, superando los 257.000 millones de dólares de inversiones anuales. Si invertir en renovables es un mal negocio, parece que todos los países del planeta optan por la ruina.

España no dispone de recursos energéticos propios más allá del carbón y las energías renovables. La práctica totalidad del petróleo y el gas natural que consumimos debemos importarlo y esto se traduce en una insostenible dependencia energética. Importar más del 85% de la energía afectó negativamente a nuestra balanza energética en 2011 en 39.934 millones de euros, según la Dirección General de Aduanas. En los últimos seis años, nuestro país ha tenido por este concepto un saldo negativo de 211.373 millones de euros. Una cifra que debería tener presente el ministro Soria cuando hace extrapolaciones a futuro de las magnitudes macroeconómicas de nuestro sistema eléctrico.

En los dos últimos años, la cotización media del barril Brent ha pasado de 61,84 a 111,17 dólares (+ 79%), el precio medio de la gasolina ha aumentado un 31% y el del gasóleo de automoción un 39% y la bombona de butano un 41%. Son ejemplos de cuál es la evolución de los precios de los combustibles fósiles, algo que parece ignorar el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que se ha limitado a paralizar el desarrollo de las energías renovables, las únicas tecnologías que pueden limitar el impacto de esta evolución de precios en nuestra economía.

En la Recomendación del Consejo que la Comisión Europea trasmitió al Gobierno el 30 de mayo, se critica la moratoria a las renovables, señalando que desalienta la inversión e impedirá alcanzar los objetivos comprometidos por España a 2020. Asimismo, se denuncia que las verdaderas causas del déficit tarifario son la falta de competencia en el sector energético y "una compensación excesiva de algunas infraestructuras, tales como centrales nucleares y grandes hidroeléctricas, ya amortizadas". Resulta curioso que, en materia económica, el Gobierno cumpla con presteza las recomendaciones europeas y, en materia energética, haga oídos sordos a sus consejos.

Las medidas de la nueva reforma energética, que se han ido filtrando a la prensa sin comunicarse a las patronales del sector, ahondan aún más en la discriminación que los últimos Gobiernos han llevado a cabo contra las energías renovables. La aplicación de medidas retroactivas sobre los incentivos a las renovables iría contra las reiteradas manifestaciones del Gobierno, las recomendaciones de la UE y serían de tal inconsistencia legal que incrementaría la conflictividad judicial y deterioraría nuestra ya maltrecha credibilidad internacional.

No solo se barajan nuevos impuestos a las instalaciones renovables, que vendrían a sumarse a los recortes retroactivos de 2010, sino que estos impuestos se calcularían sobre ingresos y no sobre beneficios, lo que podría llevar a la ruina a proyectos ya en pérdidas. En el caso de nucleares y grandes hidráulicas, los impuestos serían "compensados" con un aumento de su vida útil o concesión de 10 y 20 años respectivamente, lo que les reportaría beneficios multimillonarios. A ello hay que añadir que estas tecnologías pueden trasladar el impacto de los impuestos a los consumidores al poder formular precio en el mercado eléctrico.

Desde APPA pedimos al Gobierno que haga un análisis real de nuestra situación energética, no solo del sistema eléctrico, y que se pongan sobre la mesa las opciones reales para asegurar nuestro suministro energético futuro. Pedimos que se adopten medidas con visión de futuro y no improvisadas. No puede ser que nuestra única política energética sea reducir el déficit tarifario. Las energías renovables forman parte de la solución económica y medioambiental escogida en todo el planeta. Quizá no se estén equivocando todos los países a la vez y las renovables sean la solución que necesitamos, también en España.

José Miguel Villarig. Presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables-APPA