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Columna
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Lo de Renfe, ¿para cuándo?

Estamos inmersos en la candidatura de Madrid para los Juegos Olímpicos de 2012. Todo son campañas y agitaciones que acompañarán también a la serpiente multicolor de la próxima Vuelta Ciclista a España. Pero mientras se despeña el río se está secando la huerta, como dicen los versos de José María Pemán en El divino impaciente. Así que las movilizaciones olímpicas conviven con otras paralizaciones como la de la operación Chamartín, donde la ciudad se juega su futuro urbanístico, aunque la parálisis en nada afecte a las torres de Florentino que han hecho la fortuna del club merengue y de otros bien situados a su alrededor.

Vayamos a los hechos novedosos en relación con la operación Chamartín, una vez regresados por supuesto en ferrocarril de las vacaciones. El más relevante es la decisión del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón de suspender la aprobación del Plan Parcial referido al Área de Planeamiento Remitido (APR 0803), que es como se denomina en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid la denominada operación Chamartín. Interesa saber que la decisión es adoptada atendiendo las peticiones formuladas en ese sentido por la jefe de la oposición socialista en el Ayuntamiento, Trinidad Jiménez, con fecha apenas 20 días posterior a la de las elecciones generales en las que fue apeado del Gobierno al Partido Popular.

Ruiz-Gallardón dejaba así clara su voluntad de reexaminar la situación sin subrogarse en las componendas de los anteriores responsables de Fomento y de Renfe con la empresa Desarrollos Urbanísticos de Chamartín (DUCH), adjudicataria de los aprovechamientos sin cuento que han brotado de los caminos de hierro del centro de España.

Conviene examinar los cambios que, tras la llegada de Zapatero, se han producido en el Ministerio de Fomento

Enseguida conviene examinar los cambios que, tras la investidura como presidente del Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, se han producido en el Ministerio de Fomento y en el equipo directivo de Renfe. Dicen los más finos analistas que la ministra Magdalena Álvarez, una vez aceptado Víctor Morlán como Secretario de Estado, se resistió a la designación de Benigno Castro -leonés, amigo y compañero de pupitre de promoción en la Facultad de Derecho de León de Zapatero- como presidente de Renfe y logró imponer a su candidato, José Salgueiro, con denominación de origen de Andalucía pero sin antecedentes conocidos en el sector al que llega.

Cuentan que el recién llegado habría declarado a sus más próximos que su horizonte en la presidencia tiene un año de caducidad, hasta la entrada en vigor de la liberalización de los servicios ferroviarios conforme a las directivas de la Unión Europea que fueron inicialmente aplazadas.

Así encontraría explicación la sorprendente ratificación de José Luis Marroquín Mochales en su puesto de secretario del consejo de administración de Renfe, cuando fue nombrado por el ministro Rafael Arias Salgado y mantenido por Francisco Álvarez-Cascos, y además hay plena constancia de que ha sido el principal valedor de las posiciones de DUCH en la operación Chamartín.

Se sabe que el principal apoyo para la continuidad de Marroquín Mochales ha sido Joaquín Fuentes Bardají, secretario del consejo de la compañía desde 1991 y también cuando se produjo la adjudicación a DUCH en 1993. æpermil;l fue quien, ostentando la citada responsabilidad, ocultó al consejo Renfe la existencia de un informe de la asesoría jurídica de la compañía que impedía la continuidad de DUCH en el proyecto ampliado hasta su duplicación. Poco después, Bardají dejaba su puesto para reaparecer como secretario del consejo de administración de Telefónica bajo la batuta del inolvidable Juan Villalonga, y ahora acaba se ser nombrado director del Servicio Jurídico del Estado.

Falta saber si los nuevos responsables en Renfe y en Fomento emprenderán con el respeto debido a las normas el desarrollo de la operación Chamartín o si preferirán seguir forzando las leyes vigentes para sostener los privilegios de DUCH. También convendría esclarecer si el Gobierno socialista conoce los intereses que vienen defendiendo Marroquín Mochales y Bardají, y si el presidente Salgueiro ha encontrado aquel informe de los servicios jurídicos de Renfe que exigía de la dirección de la compañía la declaración de caducidad de las concesiones a DUCH, tan reclamado por los diputados del PSOE cuando estaban fervorosos en la oposición.

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