El escándalo de los sobresueldos de los ejecutivos de AIG, que recibieron primas millonarias mientras la aseguradora que gestionaban necesitaba una inyección de dinero público de 126.000 millones de euros para evitar la quiebra, ha puesto sobre la mesa de nuevo, pero con toda la crudeza, un asunto eterno. ¿Son justas las remuneraciones estratosféricas? Para responder bastan cuatro palabras: Sí, si se merecen. Evidentemente, no era el caso de AIG. De ahí la indignación popular en EE UU, a la que se sumaron las máximas autoridades políticas y económicas que, al fin y al cabo, son las responsables de establecer una regulación que impida tales excesos.

Las autoridades, a uno y otro lado del Atlántico, se equivocarán, sin embargo, de plano si quieren entrar en la sustancia de la remuneración de los ejecutivos. Porque corresponde a las empresas y a sus accionistas determinar la estructura y el nivel de salario apropiado para sus directivos. Esa línea, en la que trabaja de cara al G-20 el consejo asesor de la Comisión Europea en gobierno corporativo, es la adecuada, pero siempre que se complete con la mayor de las transparencias. A ello contribuirá la publicación individualizada de los sueldos y pensiones de ejecutivos y consejeros. Pero no sólo del sector financiero, como ha propuesto el Gobierno español, sino de todas las empresas cotizadas.