Unas reformas que deben seguir adelante
La huelga general contra la reforma laboral convocada ayer por los sindicatos españoles y respaldada por los partidos políticos de izquierda no ha logrado -al menos, no a priori- satisfacer el grueso de sus objetivos. El seguimiento efectivo de la jornada, que CC OO y UGT calificaron de exitosa, resultó muy desigual. Mientras la industria y la construcción -sectores con una amplia e histórica presencia sindical- secundaron masivamente el paro, en los servicios -que emplean a dos de cada tres trabajadores- la incidencia fue escasa. El dato del consumo eléctrico, que se utiliza tradicionalmente como indicador objetivo del éxito o fracaso de este tipo de convocatorias, reveló que el pulso de la movilización fue similar al registrado en 2010: una caída de algo más del 16%. Ello permite hablar, sin duda alguna, de una respuesta activa a la huelga, pero no calificar esa respuesta como general. La normalidad en el tráfico y en la actividad comercial en la mayoría de las ciudades españolas permitía confirmar ayer, de una ojeada y sin necesidad de datos y estadísticas, que España vivió un día de huelga, pero no se paró.
Es de agradecer que esta séptima convocatoria de movilización general desde la llegada de la democracia se haya desarrollado -en términos globales- con normalidad, pese a que se produjeron algunos incidentes y se volvió a poner de manifiesto que el término informativo no se ajusta a la actividad que desarrollan buena parte de los piquetes. El medio centenar de heridos y la decena de detenidos que contabilizaba a media tarde el Ministerio del Interior revelan un déficit de cultura democrática que persiste en ignorar algo que debería ser una obviedad: que la huelga es un derecho fundamental, nunca una obligación, ni mucho menos una imposición; y que la Constitución protege y consagra tanto la legítima libertad a parar de unos como el igualmente legítimo derecho a trabajar de los otros.
La convocatoria de ayer constituye, pese a todo, un toque de atención de parte de la ciudadanía que el Gobierno no debe desdeñar. Si bien es cierto que el resultado alcanzado en las urnas en las pasadas elecciones generales supone un mandato claro y expreso para que el Ejecutivo de Mariano Rajoy haga lo que considere imprescindible hacer para sacar a España del atolladero en que está inmersa, no es ningún secreto que el éxito de cualquier reforma -más aún si se trata de una reforma estructural y realizada en profundidad- está directamente relacionado con el nivel de respaldo con el que es adoptada. Un respaldo que no puede lograrse a costa de sacrificar las grandes líneas del proyecto, pero sí de incorporar matizaciones o mejoras que enriquezcan el texto final. Los sindicatos reclamaban ayer de forma airada una negociación bilateral con el Ejecutivo y amenazaban con más conflictividad si esta no se les concede. Están en su derecho al reclamar ese diálogo, como también lo está el Gobierno al optar entre concederlo por esa vía paralela o encauzarlo a través del trámite de negociación parlamentaria, más aún después de los sucesivos y fallidos intentos de negociar la reforma laboral que han protagonizado los agentes sociales.
Más allá del conflicto de opiniones sobre el éxito de la huelga, no cabe duda de que los españoles que decidieron no acudir ayer a su puesto de trabajo disponen de un empleo. Una prerrogativa, también consagrada en la Carta Magna, de la que no disfrutan los más de cinco millones de ciudadanos que esta crisis ha dejado fuera del mercado laboral y que constituyen un recordatorio diario del precio que supone no tomar decisiones políticas lo suficientemente taxativas o no tomarlas a tiempo. Tanto la reforma laboral, como el resto del calendario de medidas que España tiene pendiente, debe seguir adelante. El tiempo dirá si resultan efectivas o si, por el contrario, yerran en su diseño o en su alcance, pero nadie debería dudar de que el tiempo corre en contra de España y de que ni sindicatos ni Gobierno pueden parar el reloj.