Una reforma que necesita tacto y consenso
El Gobierno presentó ayer un nuevo capítulo de la carrera contrarreloj hacia el ajuste presupuestario que España está llevando a cabo bajo la hostigante presión de los mercados. Tras una reunión con las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Sanidad, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, presentaba el grueso de la reforma sanitaria que el Gobierno ha diseñado para tratar de reducir el exceso de gasto que España arrastra en este ámbito. La medida estrella del nuevo plan es la implantación de un modelo generalizado de copago farmacéutico que ayude a costear la pesada factura de la sanidad. Un modelo que obliga por primera vez a pagar a los jubilados -un 10% del precio de los medicamentos-, aunque con un tope mensual -entre 8 y 18 euros- en función del importe de su renta, e impone a la población activa el abono de entre el 40% actual y el 60% del precio del fármaco en función de su renta y con ciertas excepciones como las de las familias numerosas.
La propuesta deja a dos grupos exentos del pago: los ciudadanos con prestaciones no contributivas y los parados sin prestación. Los enfermos crónicos, por su parte, mantendrán el régimen actual. Con la implantación de la reforma en su conjunto, que incluye medidas para atajar el denominado turismo sanitario y también para ajustar el número de dosis a las prescritas en el tratamiento, el Gobierno prevé ahorrar 7.000 millones. Una considerable inyección de recursos que, de cumplirse el calendario que ayer presentó la ministra tras la reunión con los Gobiernos regionales, podrá ponerse en marcha en dos meses. La primera etapa es su aprobación como decreto-ley en el Consejo de Ministros de mañana.
La reforma sanitaria que el Gobierno ha decidido poner en marcha no supone únicamente una opción política -que también lo es-, sino que es una acuciante necesidad presupuestaria que ningún Ejecutivo con un mínimo de responsabilidad debe ignorar. Dado que España no puede permitirse estar mucho tiempo a merced de la creciente presión de los mercados financieros, la reducción del gasto público constituye una medicina obligatoria y escasamente agradable que es imprescindible prescribir. Pese a ello, la excelencia del sistema sanitario español -bien conocida y utilizada en exceso por ciudadanos de fuera de nuestras fronteras- no se corresponde con un modelo de financiación y gestión de calidad y eficiencia similar. Como recordaba ayer la ministra Ana Mato, la implantación del copago farmacéutico constituye el peaje a pagar en este momento para reducir la factura sin eliminar la gratuidad de la asistencia. Una gratuidad sanitaria que constituye, hoy por hoy, una de las grandes excepciones en la eurozona, donde todos los países -a excepción de España, Reino Unido e Italia- imponen algún tipo de copago por estos servicios a sus ciudadanos. España era hasta ahora también el único Estado miembro cuyos jubilados no pagaban por los medicamentos con receta, lo que ha dado lugar a conocidos y frecuentes abusos, así como a un exagerado consumo de fármacos en los hogares.
Pese a todo lo anterior, la especial naturaleza de esta nueva reforma exige que se aborde con exquisito tacto y prudencia, dado que la asistencia sanitaria constituye un terreno extraordinariamente sensible y en el que un error de modelo puede tener un precio muy alto. A priori, la propuesta del Ejecutivo apuesta por proteger a los colectivos más desfavorecidos, cargar mayor peso en las rentas más altas y mantener como hasta ahora el estatus del enfermo crónico. Como todas las grandes reformas, la sanitaria será con toda seguridad susceptible de mejoras y su puesta en marcha dejará entrever posibles deficiencias que habrá que subsanar. Sin embargo, las grandes líneas, entre las que no es menor que todos los españoles, con independencia de la comunidad autónoma en que vivan, tengan acceso a las mismas prestaciones sanitarias, están trazadas. El reto ahora es ponerlas cuanto antes en práctica, con el máximo de consenso político y social posible.