El Congreso de los Diputados aprobó ayer, con el apoyo de PP, CiU, UPN y FAC, la convalidación del real decreto sobre la reforma laboral elaborada por el Gobierno. El texto, que ha sido ratificado por 197 votos a favor y 142 en contra, comienza ahora su andadura parlamentaria como proyecto de ley. Un camino legislativo cuya primera etapa consiste en la apertura del plazo para que cada grupo presente sus enmiendas respecto a la totalidad del texto o respecto a aspectos parciales de este. Entre tanto, la votación de ayer ha permitido escenificar una evidencia y traslucir el posible inicio de una buena sintonía política. La primera es el rechazo numantino frente a la reforma de buena parte de la oposición -el PSOE, por ejemplo, ya ha anunciado su intención de presentar una enmienda a la totalidad y con ella un texto alternativo-, mientras que la segunda se refiere a las fluidas relaciones que los populares han establecido con los nacionalistas catalanes, quienes finalmente han respaldado el real decreto.

Como no puede ser de otra manera, el inicio de esta tramitación parlamentaria dará ocasión de consensuar y mejorar la futura ley. Ello incluye la valiosa oportunidad de pulir asperezas, corregir aquellos aspectos susceptibles de ser enmendados, hacer concesiones en lo que sea posible conceder y, sobre todo, enriquecer y mejorar técnicamente el contenido de la nueva norma. Todas esas tareas forman parte de las competencias parlamentarias dentro del normal funcionamiento de las instituciones democráticas, pero su puesta en práctica no debería aprovecharse para permitir una rebaja sustancial de las líneas rojas que ha marcado este real decreto.

Como ha reiterado el Gobierno, los grandes trazos de la reforma laboral que el mercado de trabajo necesita en estos momentos están claros. Y no solo lo están, sino que de su defensa y mantenimiento depende el éxito de su puesta en práctica. La anunciada oposición activa por parte de los sindicatos hace presagiar que ese camino será tortuoso, y que el deseable consenso sobre el nuevo marco legal que regirá las relaciones laborales en España será difícil de alcanzar. Es tarea tanto del Ejecutivo como de la oposición y los agentes sociales realizar los esfuerzos necesarios para que el Parlamento dé a luz una reforma laboral que cuente con el respaldo, más o menos intenso, de todos. Pero de no alcanzarse ese deseable y beneficioso respaldo, la norma no perderá ni un ápice de legitimidad, dado que no solo habrá de contar con el apoyo mayoritario de las Cámaras, sino porque ha sido diseñada por un Gobierno al que las urnas han dado un mandato claro que incluye la tarea de construir cuanto antes un dique de contención para frenar la destrucción masiva de empleo que vive España.