El Ministerio de Economía está decidido a apurar al máximo la legislatura para introducir reformas de calado que aspira a sacar adelante con el concurso, prescindible pero conveniente, del PP. Descartada la posibilidad de que prospere un cambio a fondo del sistema de supervisión financiera, la lupa se centra en el sector de la auditoría de cuentas, reto que se afronta a partir de una ley que data de 1988 y de la necesidad de transponer la directiva nacida en 2006, cuya filosofía anima a los socios de la Unión Europea a reforzar una regulación que garantice la independencia de las empresas auditoras frente a las compañías auditadas.

El sector en España ha seguido una evolución parecida a la del resto de los países europeos en cuanto a la desaparición de firmas pequeñas y medianas y el fortalecimiento de la media docena escasa de compañías internacionales. Bajo otras coordenadas diferentes, el golpe mortal que supuso para una firma como Arthur Andersen el caso Enron se pudo sentir en España con el caso Banesto, el de PSV o el de la quiebra de Huarte. Ahora se dispone de unas compañías muy profesionalizadas a las que hay que reconocer una gran experiencia y es preciso escuchar, aunque algunas de sus demandas provengan, paradójicamente, de algunos de los responsables que en 2002 legislaron para este sector en caliente, dejándose llevar por el gran impacto que tuvieron en la opinión pública escándalos como el caso Gescartera.

A falta de los criterios que exponga el Ministerio de Justicia, las reformas que plantea Economía van en la buena dirección: mejorar la calidad del modelo de supervisión, aplicar el sentido común a la petición de responsabilidades a las empresas auditoras para que guarden una proporción razonable con los daños que pudieran causar y encontrar un denominador común en las sanciones aplicables que no las haga confiscatorias. Por lo demás, todo lo que sea eliminar las incertidumbres y evitar la coexistencia de regímenes jurídicos enfrentados será bienvenido.