Reforma financiera y escasez de crédito
Existe consenso en que una de las principales causas de la actual crisis es la escasez de crédito al sector privado. Algunos albergan la esperanza de que las medidas de recapitalización y saneamiento bancario que se acaban de adoptar en nuestro país en el RDL 2/2012 y el plan de reformas para la recapitalización de la banca a nivel europeo ayudarán a una pronta reactivación del crédito. En realidad, su efecto lógico debería ser el contrario. Intentaré explicar de forma sencilla el porqué.
A las entidades de crédito se les exige mantener recursos propios en un porcentaje de sus activos ponderados por riesgo, incluidos créditos e inmuebles. Este riesgo se calcula por distintos métodos, pero, por ejemplo, la deuda del Reino de España tiene ponderación cero, mientras que la financiación concedida a empresas, minoristas o activos inmobiliarios depende de su solvencia y otros factores y puede llegar a ser 100% o superior. Tras la crisis financiera se concluyó que era necesario aumentar la cantidad y calidad de estos recursos propios para aumentar la solvencia de las entidades y evitar rescates con dinero público. Se les exigiría un mayor porcentaje de recursos y gran parte de los instrumentos antiguamente computables, como preferentes y financiaciones subordinadas, no les servirían para cumplir las nuevas exigencias. Se adoptaron la reforma Basilea III y distintas medidas a nivel comunitario.
En España, en particular, se aprobó el RDL 2/2011 que obligaba a mantener, según los casos, un 8% o un 10% de capital principal. El problema es que este loable objetivo contrae de manera proporcional la capacidad de financiación al sector privado. Si en las normas de Basilea II se fijaba ese listón del capital social y reservas muy por debajo del 4% (el resto eran otros instrumentos) (Basilea III exige un máximo del 3,5% para el próximo 2013), la ABE lo ha fijado por encima del 9% para los grupos sistémicos para el próximo 30 de junio. Haciendo un cálculo sencillo, si una entidad de crédito puede prestar según Basilea III más de 28 euros por cada euro de capital y reservas a una entidad con ponderación 100%, una entidad de crédito española con una exigencia del 8% podrá prestarle no más de 12,5 euros.
Aplicando estas nuevas exigencias, a igual capital principal, una entidad puede prestar menos de la mitad. Este efecto lo contrarresta la banca, en parte, captando capital, mediante ampliaciones, canjes por acciones o emisiones de nuevos instrumentos computables, incrementando sus márgenes de explotación, pidiendo mayores intereses por créditos, reduciendo costes, entre ellos los de personal, y reestructurando sus balances mediante ventas de activos, pero explica por qué, a pesar de que los bancos son más solventes y tienen mayores beneficios, reducen constantemente su cartera de financiación al sector privado, por qué reciben liquidez del BCE y lo invierten casi íntegramente en deuda pública, por qué reestructuran sus balances, por qué el crédito es más escaso y caro y por qué irrumpen nuevas entidades como prestamistas, produciéndose un cierto fenómeno de desintermediación bancaria. En este contexto, la exigencia del RDL 2/2012 de que se provisionen aceleradamente activos dudosos o inmobiliarios restringirá aún más el crédito al sector privado. Las fusiones y las ayudas pueden compensar algo ese efecto negativo, pero aún está por ver el interés de las entidades por fusionarse de acuerdo a las condiciones impuestas en la norma. Las entidades supervivientes se harán más solventes y rentables, pero el crédito al sector privado puede que siga reduciéndose.
Esta es la razón por la que otros países han optado por bancos malos, porque, bien diseñados, liberan recursos propios y pueden permitir lanzar planes de financiación al sector privado. El quid es diseñarlos sin coste para el contribuyente, haciendo que el propio sector bancario participe tanto en el saneamiento como en las potenciales plusvalías, gestionando bien los activos y evitando perpetuar entidades insolventes ni enmascarar malas gestiones.
En cualquier caso, el Gobierno apuesta por un saneamiento acelerado de las cuentas públicas y el sector financiero y unas reformas estructurales profundas que permitan recuperar el crecimiento y el empleo a largo plazo. El riesgo evidente de una política fiscal restrictiva junto con una contracción del crédito es una recesión grave y prolongada, que deteriore tanto el deficit público como el balance de los bancos. La cuestión es cuándo se recuperará el crecimiento y el empleo y con qué niveles de renta y riqueza.
Salvador Ruiz Baschs. Socio del área de financiero de Allen & Overy Madrid