La reforma bancaria, no tan profunda
La reforma bancaria española de 50.000 millones de euros no es tan impresionante como pueda parecer. Generó grandes titulares tras su presentación, y es un paso en la dirección correcta, pero a medida que las entidades empiezan a divulgar su impacto queda más claro que la limpieza no es tan extensa como dice el Gobierno.
El plan parece sencillo: en 2012 los bancos deben apartar 25.000 millones de euros adicionales en concepto de provisión específica para reforzar sus reservas por sus pérdidas inmobiliarias. Además, deben conservar otros 15.000 millones para cubrir pérdidas potenciales adicionales en suelo y promoción en curso, y destinar 10.000 a los préstamos no problemáticos pero que podrían serlo en el futuro.
Analizando la situación de forma pormenorizada, los números son menos llamativos. El capital adicional de 15.000 millones no es en realidad dinero nuevo que deben recaudar los bancos, sino que pueden proceder del colchón que supera los ratios regulatorios existentes. La mayoría de los bancos españoles cotizados disponen de unos ratios de capital muy superiores al mínimo del 8%.
Es más, los bancos pueden emplear provisiones genéricas existentes que se vieron obligados a crear durante el boom, para satisfacer las nuevas necesidades de aprovisionamiento. Poseen todavía alrededor de 6.000 millones de estas reservas, según estimaciones de Cheuvreux.
Un ejemplo es el caso de BBVA. El segundo banco español debe asumir unos 4.000 millones de euros por el proceso de limpieza. Esto incluye un colchón extra de capital de 1.200 millones, equivalente a 37 puntos básicos de su ratio de capital. Pero a finales de 2011 este era del 9,7%, muy por encima del mínimo exigido. El banco tiene además 460 millones de euros de provisiones genéricas en sus libros. Después de impuestos, el impacto final es de 1.600 millones, menos de la mitad de la cifra principal.
Por supuesto, no todos los bancos españoles tienen las mismas reservas de capital y provisiones genéricas. Las entidades más débiles y no cotizadas podrían verse obligadas a recaudar dinero fresco, posiblemente del Estado. Pero el argumento del Gobierno de que ha hecho frente a los problemas de morosidad de los bancos está lejos de ser convincente.
Por Fiona Maharg-Bravo.