No cabe la menor duda de que la economía española está padeciendo aún los problemas derivados de un inmenso empacho inmobiliario. De hecho, su penosa y costosa digestión -amén de otros factores- la ha sumido en la mayor crisis en décadas con unos efectos catastróficos en todos los órdenes, pero muy especialmente en el mercado de trabajo, que enfila la hasta hace bien poco impensable cifra de seis millones de parados. Por ello, uno de los objetivos del Gobierno que preside Mariano Rajoy es tratar de reducir el stock inmobiliario que, además, ha estado a punto de gripar el sistema financiero. Sareb nació con esa filosofía. Y con idéntico fondo se van a poner en marcha el próximo 1 de enero las nuevas sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario o socimis. En realidad, este vehículo ya existe, pero su escaso atractivo, especialmente fiscal, le ha invalidado. El cambio más relevante sobre lo legislado en 2009 es que se les exime de tributar en Sociedades para que sean los partícipes vía dividendo y no la propia empresa los que paguen impuestos. En paralelo, se relajan las condiciones para constituir una socimi, que ahora necesita menos capital social, así como menos exigencias en cuanto al número de activos, su tipología y la finalidad a la que se destinan.