La crisis bancaria, que hace unas semanas se decía solo afectaba al sector bancario y financiero, ha impulsado una nueva oleada de recortes, enmarcada en un (más profundo de lo que se pensaba) proceso de intervención de la economía española plasmada en el Memorandum of Intentions of Financial-Sector Political Conditionality. Como consecuencia, esta semana toca nueva bajada del sueldo de los funcionarios (que ya ronda el 15% acumulado), subida del IVA (del 18 al 21% el normal, y de 8 a 10% el reducido) y los impuestos especiales (siempre un recurso fácil), reducción de la prestación por desempleo y de algunas subvenciones a la contratación, y eliminación de la desgravación por compra de vivienda, entre otras medidas de menor calado, aún por concretar. Asimismo, debemos destacar el anuncio del endurecimiento de las condiciones para la jubilación anticipada y posiblemente la aplicación del factor de sostenibilidad del sistema de pensiones.

Aun así, semana si semana también, lo que por encima de todo echo de menos es un plan. Un anuncio de un plan para sacar al país del atolladero, una senda de crecimiento, una perspectiva de futuro a la que agarrarse. A estas alturas ya casi me da igual que sea un proceso de especialización en el turismo masivo o en la cría del ornitorrinco, pero echo de menos un plan de futuro. Sin plan, crece la desesperanza. Con la desesperanza, se liman las expectativas de futuro de la sociedad española, profundizándose la recesión.

Volviendo a la cruda realidad, ¿qué hay de positivo en las medidas hoy anunciadas? En primer lugar, la subida del IVA, dada la escasísima recaudación de este impuesto en España (la menor en Europa), era necesaria, compensando el error inicial, quizás debido a la terquedad de mantener lo que no se puede cumplir, de haber subido el IRPF y no el IVA. La misma debe ir acompañada de un extraordinario esfuerzo para evitar el fraude en el IVA, sobre todo en los servicios, para evitar el riesgo de sumergimiento, aún más, de la actividad económica en, sobre todo, los sectores profesionales. En segundo lugar, la eliminación de la desgravación por compra de vivienda es sumamente positiva y había sido intensamente sugerida y reclamada por los expertos españoles y europeos en el tema, que argumentaban que solo generaba distorsión de precios en el mercado inmobiliario. Sin embargo, es probable que se quede corta y que debiera haberse introducido con efectos retroactivos. Finalmente, los cambios introducidos en las subvenciones a la contratación y en el subsidio de desempleo tienen una interpretación ambivalente. En primer lugar, la eliminación de algunas subvenciones a la contratación es positiva, ya que evita discriminaciones en el mercado de trabajo. Sin embargo, hubiera sido razonable anunciar que los recursos liberados se destinasen a la mejora de las políticas activas y no se ha hecho. Respecto a la reducción de la prestación por desempleo a partir de los 6 meses, son innegables los efectos positivos sobre el esfuerzo de búsqueda de empleo de los desempleados. Sin embargo, la reducción de la generosidad (reducción de cuantía y tiempo de prestación) puede tener serias implicaciones de sostenibilidad social, que posiblemente resultarán más evidentes en septiembre, después de las vacaciones (periodo sagrado donde lo haya).

¿Qué, probablemente, pasará en los próximos días? Es ciertamente probable que el anuncio del paquete de recortes satisfaga a la UE, más preocupada de su propio futuro que de la sostenibilidad de la economía española, y a los mercados, unos días, bajando en el interim la presión sobre la prima de riesgo y el euro. Pero pasados esos días volverán a darse cuenta de que España y Europa siguen sin un plan de crecimiento y que los nuevos recortes solo deprimirán, un poco más, la maltrecha economía española, carente, a día de hoy, de perspectivas razonables de futuro. Es por ello que muy probablemente volverán las tensiones sobre la prima de riesgo y la moneda única.

Pero, una vez materializada esta nueva oleada de recortes del gasto público (especialmente aguda para desempleados y funcionarios), ¿qué quedará por recortar? Es decir, ¿quiénes son los próximos en la fila? No me cabe ninguna duda que el próximo colectivo afectado por los recortes será el de los pensionistas corrientes (los futuros ya están afectados por el proyecto de reforma). La partida de pensiones es la más importante del Presupuesto y la única que aún no se ha tocado severamente. Esperemos que cuando se recorte (al cual probablemente acompañará una aceleración de la reforma de 2011), no tengo ninguna duda de que así se hará, el mismo vaya acompañado de un plan de crecimiento de la economía española, a ser posible impulsado por la UE. Si no es así solo cabe exclamar: ¡que Dios nos pille confesados!

Sergi Jiménez Martín. Universitat Pompeu Fabra. Investigador de Fedea.