El desplome de las ventas del comercio minorista al cierre de 2012 -una caída del 10,7% si se corrige el efecto calendario y de casi un 7% sin realizar correcciones- confirma la brutal contracción del consumo que está viviendo España. Una caída de tal magnitud constituye el mayor descenso de ventas visto en el sector en los últimos cinco años, potenciado además por el hecho de que su virulencia no ha distinguido en exceso ni entre regiones ni entre tipos de establecimientos.
La explicación de esta suerte de año negro que ha sacudido tanto a grandes superficies como al pequeño comercio se debe a tres grandes factores. El primero es el paro; tanto el sector público como el privado continuaron destruyendo empleo en 2012 hasta cerrar una factura de 850.000 puestos de trabajo a final de año. El segundo es la moderación y reducción de los salarios, que sufrieron una devaluación en un buen número de empresas. Y el tercero fue la subida impositiva -en IRPF e IVA- que el Gobierno decretó en los meses de enero y septiembre.
Ese cóctel de austeridad, por un lado, y aumento de la carga fiscal, por el otro, dictado por la necesidad de cuadrar las cuentas públicas ha incidido de forma considerable en la renta disponible de los españoles y ha pulverizado el consumo, ya de por sí muy debilitado. Ni siquiera la campaña de Navidad ha podido darle la vuelta a unas cifras que otorgan a 2012 el título de peor año en el sector de las ventas minoristas en el lustro de la crisis. Con un diagnóstico del consumo como este, un mercado de trabajo todavía en pleno ajuste, un sistema de crédito constreñido y un ahorro privado prácticamente inexistente e incapaz, por tanto, de financiar la actividad, resulta ocioso hablar de recuperación económica.
Al igual que un automóvil no puede funcionar sin gasolina, mientras la cadena de variables que alimentan el crecimiento económico no se recompongan en España no veremos atisbos claros de una salida de la crisis. Es necesario recomponer de forma urgente esa cadena, que incluye la normalización de un sistema bancario que permita insuflar crédito a la economía y la devaluación de unos precios y unos salarios, que ha sido realizada en parte, pero no en todos los sectores ni en igual medida. Todo ello implica que el Gobierno debe seguir adelante con su política de reformas, tiene que continuar removiendo obstáculos a la actividad empresarial, eliminando rigideces en los mercados, profundizando en el redimensionamiento del sector público y extremando el control de las obligaciones fiscales, sin olvidar en ningún momento que su papel es dinamizar -y no entorpecer- el tráfico mercantil y las relaciones comerciales. Esa es la tarea que tiene España por delante, una carrera de fondo en la que no puede aflojar.
