CincoDias.com Opinión

Siempre que se acerca una campaña electoral los grandes partidos contemplan, en sus borradores de programas, rebajas fiscales que afectan a todos los ciudadanos y que suelen plasmarse en el IRPF. En los últimos días hemos tenido un buen ejemplo de esto en las propuestas del PSOE y del PP. Especialmente este último ha formulado la exoneración de gravamen de los llamados mileuristas. Las respuestas no se han hecho esperar y el debate está abierto.

Reducir la carga tributaria de las personas físicas supone inyectar dinero en el mercado y, por tanto, incentivar el consumo y, en menor medida, el ahorro. En consecuencia, es posible que nuestra economía se vea beneficiada en un contexto internacional nada proclive al crecimiento, como parece que serán los años venideros. Sin embargo, este tipo de medidas pueden ser, empleando una terminología castiza, pan para hoy y hambre para mañana. En primer lugar, no es tan cierto que esa falta de recaudación pueda complementarse con una subida del IVA. De hecho, el enfriamiento del mercado inmobiliario está incidiendo, de manera significativa, en la recaudación de este tributo. Por no decir cómo se están resintiendo las cuentas de las comunidades autónomas por la reducción de los ingresos derivados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Además, basar las cuentas públicas en los tributos indirectos supone incumplir el mandato constitucional de que el sistema tributario ha de ser progresivo.

En segundo lugar, los poderes públicos han de tomar medidas tributarias que no sólo incentiven el consumo, sino, prioritariamente, el fomento del empleo y la inversión empresarial. Por último, pérdidas de recaudación importantes sólo pueden compensarse con reducciones similares del gasto público, lo que no es fácil si se tienen en cuenta determinadas iniciativas legislativas aprobadas en los últimos años, de las que es buen ejemplo la Ley de Dependencia.

Así las cosas habría que dar un giro copernicano a las propuestas de reforma fiscal de los grandes partidos. Es cierto que caben actuaciones en el IRPF, aunque no de gran calado, pero éstas, de llevarse a cabo, deben comprender sólo los tipos inferiores y superiores de la escala. De no ser así y en un entorno globalizado, se producirán fenómenos de deslocalización de personas físicas hacia países de menor tributación. Hasta el momento este fenómeno se ha paliado -en un tributo paradigma de la progresividad- sometiendo a un tipo proporcional el PP las plusvalías y el PSOE, tanto estas últimas, cualquiera que sea su periodo de generación, como todas las rentas procedentes del ahorro.

Fuera de lo anterior, los partidos deben centrar sus propuestas en la reforma del Impuesto sobre Sociedades. Nuestro tejido empresarial está compuesto básicamente por pymes, que son las que crean empleo. Es cierto que la última reforma de este tributo, llevada a cabo el presente año, ha supuesto un primer paso en esta línea de actuación, pero no puede quedarse ahí. Y digo esto, ya que otros países europeos han conseguido cotas de desarrollo económico importantes gracias a medidas similares. El caso de Irlanda es paradigmático, con un tipo general del 12,5%, frente al español del 30% en 2008.

Además, bajar la carga tributaria del Impuesto sobre Sociedades supone no sólo incentivar el empleo y la inversión, así como evitar la deslocalización de nuestras empresas, sino, también, reducir la tributación global de las rentas empresariales. Debe tenerse en cuenta que la última reforma del IRPF, al eliminar la deducción por doble imposición interna de las personas físicas -el mínimo exento de 1.500 euros es irrelevante-, hace que estos rendimientos tributen en 2008 al 48%, si sumamos el gravamen satisfecho por la sociedad (30%) y el del socio (18%).

Como puede comprobarse, una tributación agregada tan alta no favorece la inversión empresarial. En definitiva, me inclino por propugnar una bajada de tipos en el Impuesto sobre Sociedades, aunque ello suponga la renuncia a los beneficios fiscales en este tributo. En mi opinión, no han demostrado mucha efectividad. Si los poderes públicos quieren incentivar actuaciones concretas (ejemplo: I+D+i) es preferible que utilicen el mecanismo de la subvención, cuyo control de eficacia es más sencillo.

Javier Martín Fernández. Socio director de F&J Martín Abogados y profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense