Tarde, y a un ritmo sustancialmente más lento del deseable, la evolución de los salarios en España comienza a adaptarse al entorno de crisis que estamos viviendo. El incremento salarial medio acordado en los convenios colectivos suscritos hasta el mes de septiembre -que afectan a 4,4 millones de trabajadores- se situó en 1,3%, lo que supone poco más de una tercera parte de la inflación registrada en ese mes (3,4%). No es un dato puntual, sino una tendencia que poco a poco ha ido ganando en solidez y que revela que la realidad, tarde o temprano, acaba imponiéndose sobre cualquier otra consideración. Según el Ministerio de Empleo, ya son 1,7 millones los trabajadores españoles que han pactado aumentos salariales por debajo del 1%, mientras que solo algo más de 30.000 han acordado alzas superiores al nivel actual de precios.
Es cierto que este recorte de costes salariales, unido al repunte de la inflación, supone un golpe importante al poder adquisitivo de los asalariados españoles. Pero también lo es que la resistencia numantina ya no a aceptar rebajar salarios, sino incluso tampoco a congelarlos, ha condenado al mercado laboral español a realizar los ajustes mayoritariamente por vía de cantidad -es decir, en forma de despidos- ante la imposibilidad de hacerlo de otro modo.
En cualquier caso, los datos de Empleo revelan que tanto el pacto de moderación salarial suscrito entre empresarios y sindicatos como las herramientas que ha puesto sobre la mesa la reforma laboral y la propia crudeza de una crisis que no da tregua han comenzado a surtir su efecto. Dada la coyuntura que la economía española vive en estos momentos y la sangría incontenible que sufre el mercado laboral, se trata de una consecuencia lógica, que debe continuar en los próximos meses y convertirse en un modelo mayoritario en las empresas. La caída de los salarios constituye, además, un mal necesario también para los trabajadores en un momento en el que mantener el empleo se ha convertido en una prioridad absoluta para las familias españolas y la búsqueda de una oportunidad laboral resulta cada vez más difícil.
Los últimos datos del registro de migraciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) estiman un descenso de la población residente en España de 70.000 personas y revelan que 200 españoles abandonan el país cada día en busca de un empleo. Son cifras dramáticas, cuyo peso se hará notar no solo a corto plazo, sino también a medio y largo.
La pérdida de talento que España está experimentando en estos momentos constituye un desgaste de capital que nos pasará una abultada factura, tanto en términos de crecimiento como de sostenimiento de nuestro sistema de previsión social. Una ecuación compleja que conviene despejar cuanto antes.
