Con el título de este artículo publicaba, el pasado día 16, The Wall Street Journal un duro alegato acerca de la situación del empleo en España. Partiendo de la afirmación, ante el Congreso de los Diputados, del presidente del Gobierno de que "en la situación actual, crecer y crear empleos no es posible", el WSJ pone algunos ejemplos que considera que permiten afirmar que nuestra situación de empleo es producto de décadas de malas políticas que los dirigentes actuales podrían revertir.
Entre esos ejemplos, en primer lugar, los referidos a la duración de las vacaciones, días libres y licencias y a las rigideces de su regulación, que no permite, por ejemplo, renunciar a vacaciones, días libres o permisos a cambio de retribución. "Si los españoles ganasen más por descansar menos, quizás se olvidasen completamente del actual marco jurídico". Curiosamente, hace años, el Tribunal Constitucional sentenció que no podía prohibirse al trabajador, durante las vacaciones, prestar servicios retribuidos para otro empresario, mientras que no puede hacerlo para el propio, porque las vacaciones han de disfrutarse efectivamente (¡aunque sea trabajando para otro!) y no son compensables económicamente.
En segundo lugar, la duración de la incapacidad temporal y los incentivos económicos a ella asociados, que suponen un costo exorbitante, tímidamente paliado con las reformas del desempleo y la rebaja de cotizaciones sociales. En tercer lugar, la normativa que desincentiva la contratación de jóvenes ("es más difícil fichar a gente joven si sabes que obtendrás menos rendimientos de ellos pagándoles no mucho menos que a los demás"), y la limitación del nuevo periodo de prueba de un año a las empresas de menos de 50 trabajadores.
En cuarto lugar, el número de representantes de los trabajadores y sindicales y los créditos de horas atribuidos a los mismos. Aparte de las exageraciones habidas (que, en el ámbito del empleo público trata de corregir el Decreto-Ley 20/2012), hay que tener en cuenta que la normativa del Estatuto de los Trabajadores (con hasta 40 horas libres mensuales por representante, acumulables para la liberación de algunos), obedece a los complejos de la transición (aquella tonante admonición sindical: lo que nos dio el franquismo no nos lo va a quitar la democracia). Y, en quinto lugar, la normativa sobre impuesto de sociedades, en la que el WSJ propone una tarifa plana, más cercana al 20% que al 30%.
Tras esos ejemplos, que "podrían seguir", la conclusión: el mercado laboral español ha estado protegido, regulado y tasado hasta la extenuación. Su reforma (mensaje implícito: no nos creemos las llevadas a cabo hasta ahora) es necesaria y permitiría crear empleo. Si el presidente del Gobierno afirma que no se ve capaz de hacer nada más para que España funcione, quizás, dice el WSJ, debería apuntarse a las listas del Inem.
Dejando aparte exageraciones e imprecisiones del artículo, hay algo que no debemos echar en saco roto: la excesiva y minuciosa regulación de las relaciones laborales en España, la falta de libertad contractual de los sujetos individuales de las mismas, la obsesión sindical por considerar al trabajador un objeto a proteger (no un sujeto con capacidad de decidir sus propios intereses), al que hay que cargar con un fardo cada vez más pesado de derechos, tan pesado que puede incluso hacerlo caer, viene desde hace décadas provocando una insoportable penalización del empleo.
Es verdad que algunas restricciones nos vienen impuestas por la normativa europea. La eurotontuna sigue deparando momentos sublimes, como los relativos a la recuperación de las vacaciones no disfrutadas por incapacidad temporal, con los que nos sorprende cada vez más el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y otras derivan de los convenios de la OIT, que ha terminado siendo una curiosa institución en la que, con países que ni cumplen ni piensan cumplir los estándares laborales occidentales, se aprueban exigentes convenios que otros nos apresuramos a ratificar.
Solo una profunda reforma laboral, basada en la libertad y en la desaparición definitiva de la ganga corporativa, nos abrirá la puerta a la modernidad y nos permitirá ofrecer oportunidades de empleo a todos aquellos que ahora se ven excluidos de un sistema que cada vez protege más a menos.
Federico Durán López. Catedrático de Derecho del Trabajo. Garrigues Abogados
