El Gobierno ha anunciado algunas medidas que pretenden poner coto a los abusos que sufren a menudo los usuarios de las compañías de telecomunicaciones, tanto los de telefonía fija o móvil como, en proporción creciente, los de conexión a internet. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones resolvió más de 12.000 denuncias de particulares contra las operadoras por irregularidades como la demora en instalación de líneas, velocidades reales inferiores a las contratadas, problemas en la facturación o incluso el cambio de compañía sin su consentimiento. Estas infracciones fueron multadas con un total de seis millones de euros.

El presidente de la CMT, Reinaldo Rodríguez, ya había anunciado hace unos días que se preparaban medidas contra las prácticas fraudulentas o inadecuadas en el segmento del ADSL. Por ejemplo, denunció, las compañías publicitan un ancho de banda con velocidad de 'hasta' 20 megas, que muy pocos usuarios llegan a disfrutar. El tráfico real suele ser mucho más lento. Peor aún, muchos usuarios pasan largos periodos sin posibilidad de usar su línea esperando un cambio de proveedor que a veces ni siquiera habían solicitado.

Francisco Ros, el secretario de Estado de Telecomunicaciones, anunció que en lo sucesivo las operadoras tendrán que dejar automáticamente de cobrar al usuario que pida el cambio de compañía y asumirán los gastos en caso de alta fraudulenta. Por otro lado, se establecerán unos estándares de calidad que deberán ser medidos y publicados. El fin es evitar que se cobren servicios de voz o internet no prestados.

La industria de las telecomunicaciones debería ser la primera interesada en cortar de raíz las prácticas irregulares, que no hacen más que frenar el necesario despegue de las tecnologías de la información en los hogares. Proteger al usuario con normas eficaces servirá para asegurar que se avanza hacia una rápida penetración de los servicios más avanzados.