En los últimos tiempos se ha producido una creciente desconfianza de los consumidores en los servicios financieros. La alarma se extendió cuando se divulgaron noticias sobre las reclamaciones de depositantes que invocaban en su defensa falta de transparencia y defectos de información. Era por ello necesario conseguir absoluta fiabilidad mediante normas concretas de mayor protección.
Ante la situación, la Comisión Europea presentó en julio un conjunto normativo que propone nueva regulación sobre la información referida a las inversiones y hace más estrictas las normas de asesoramiento para el vacío legal existente, así como establecer concreción sobre ciertos fondos de inversión que garanticen su seguridad.
Se presentaron tres propuestas legislativas. Un reglamento sobre los documentos informativos en relación con los productos preempaquetados de información minorista (PPIM). Un auténtico avance. Es evidente que resulta difícil entender completamente los riesgos de los productos financieros que se ofrecen al consumidor común. Las consecuencias de aceptar estos productos, cuya transcendencia es importante por las posibles pérdidas consiguientes sin la debida información, pueden convertirse en un grave problema, dado que estas inversiones constituyen en numerosos casos los ahorros de toda una vida del inversor. Hay que recordar que el mercado de inversiones de pequeños ahorradores alcanza en el UE más de 10 billones de euros. La propuesta pretende que se proporcione a los consumidores de la forma más fácil e inteligible una precisa y clara información sobre los productos que elijan, que debe ser breve y asequible, ofreciéndoles un documento concreto que presentará cada creador de formas de inversión (gestores de fondos de inversión, seguros, bancos etc.) Este documento de información clave (DIC) se tiene que incorporar a cada producto y contener las principales características y los riesgos de cada inversión. Tienen que incluirse en todos los fondos de inversión, así como en aquellas inversiones basadas en seguros, además de las pensiones privadas.
Se propone igualmente la revisión de la Directiva sobre la Mediación en los Seguros que regula actualmente la venta de los productos de seguro que incluyan elementos de inversión. Recientes encuestas señalan que el 70% de los productos de seguro se venden sin un asesoramiento adecuado, lo que produce a veces situaciones graves. Por ello la venta de estos productos debe acompañarse de un asesoramiento "honrado y profesional" para evitar errores de interpretación, y el refuerzo de protección de quienes compren fondos de inversión regidos por la Directiva sobre Organismos de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (OICVM) que hasta ahora ha servido de base para un mercado integrado.
Los OICVM gestionan casi 6 billones de euros en activos y resultaron muy aceptados por los inversores minoristas. La propuesta se dicta con el fin de que la marca OICVM siga siendo fiable incluyendo una garantía de responsabilidad del depositario. En este sentido se cubren tres ámbitos: definición precisa de las responsabilidades de todos los depositarios que actúen en nombre de un fondo OICVM. Normas claras sobre la remuneración de los gestores de tal forma que sus remuneraciones no estimulen la asunción de riesgos exorbitantes. Un planteamiento común sobre las sanciones a todos los infractores de la normativa OICVM, así como la introducción de normas comunes sobre las cuantías de multas administrativas por la violación de las disposiciones para que siempre superen los beneficios que pudieran derivarse de la infracción. Esperemos que se consiga una más extensa protección de los consumidores.
Guadalupe Muñoz Álvarez. Académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación
