Pros y contras del ideario económico de Rajoy
Entre la batería de propuestas para hacer frente a la crisis que en los últimos días ha presentado el presidente del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, ocupa un lugar destacado la apuesta por un mayor control del gasto público. Un aspecto fundamental de cara a las exigencias de reducción del déficit público que Bruselas y los mercados financieros ejercen sobre España, pero que cobra especial relevancia ante la persistente exhibición de indisciplina fiscal que llevan a cabo varias de las comunidades autónomas, puesta una vez más en evidencia en las cuentas de este primer trimestre del año. Consciente de que el gasto regional se ha convertido en el gran caballo de batalla en la lucha contra el déficit público, Rajoy ha diseñado un programa de medidas en el que el concepto de austeridad ocupa un lugar destacado y, sin duda, necesario.
No todas las vertientes de ese plan tienen, sin embargo, el mismo calado. Como principal propuesta, el programa popular incluye el establecimiento de un techo de gasto en las comunidades autónomas, una medida no solo acertada, sino indispensable para poder asegurar el cumplimiento de las exigencias comunitarias y para avanzar en la recuperación de la frágil confianza de los mercados. Rajoy volvía a defender el viernes desde Sitges la idea, al proponer la aprobación de una nueva ley de estabilidad presupuestaria que fije los umbrales máximos de gasto y endeudamiento regional y al sugerir que esta tenga carácter constitucional. También resultan oportunas iniciativas como el adelgazamiento de la costosa e ineficiente estructura del sector público autonómico y municipal, simplificándolo y reduciendo su tamaño. En esa línea han ido propuestas como la de limitar a 10 el número de las consejerías, reducir las delegaciones autonómicas en cada provincia, impulsar una central de compras o moderar los gastos de representación. Todo ello coexiste con otras soluciones de corte más populista y de menor trascendencia en términos de ahorro, como es el caso de la racionalización del uso del teléfono móvil o la de instaurar el uso compartido del parque móvil.
Tras el revés electoral del PSOE en las pasadas elecciones autonómicas, los populares están llamados a administrar buena parte del gasto público en el nuevo mapa político español. Mariano Rajoy ya ha advertido que su partido llevará a cabo un ejercicio de actualización y control de las cuentas públicas y verificará la situación de las tesorerías y las entrañas de los presupuestos autonómicos en el momento en que se efectúen los cambios de Gobierno. Se trata de una actitud razonable para hacer frente a las sospechas que apuntan a que algunas comunidades autónomas pueden ocultar bolsas de déficit no declarado, como ha ocurrido en el caso de Cataluña. Con ello, el líder popular pretende fomentar la transparencia y la austeridad en la ejecución de las cuentas públicas, una intención que resultará tanto más convincente si los populares llevan a cabo ese mismo ejercicio también en los territorios en los que ya gobiernan. Un desafío que el propio José Luis Rodríguez Zapatero lanzaba públicamente hace unos días a Mariano Rajoy y al que este haría bien en responder con los hechos.
Más allá del saneamiento de las cuentas públicas, allí donde sea necesario y sin caer en la tentación política de magnificar el problema, ya hay expertos que reclaman al presidente del PP la inclusión de otras medidas en su discurso económico. Entre ellas figura la reforma de los agentes reguladores de sectores clave de la economía -ferrocarril, aviación o energía-, una reducción del parque de las empresas públicas españolas, que entre las tres Administraciones suman 4.400 compañías, y un replanteamiento del modelo de la televisiones autonómicas, cuyos presupuestos resultan inasumibles en una situación de crisis. También hay voces que se muestran partidarias de endurecer el control presupuestario, con el establecimiento de techos de gasto y déficit y la fijación de sanciones y reducción de transferencias a las regiones díscolas en esta materia, así como de una reducción de tipos impositivos que revitalice la actividad empresarial y reactive el empleo. Una exigente lista de reivindicaciones que al presidente popular toca ahora analizar.