El debate sobre la sostenibilidad del sistema español de pensiones es una cuestión recurrente que se ha convertido en especialmente crucial en un escenario de crisis como el que España vive en estos momentos. Uno de los principales indicadores de la salud del sistema es su tasa de dependencia, esto es, el número de afiliados a la Seguridad Social por pensionista. Para que sea sostenible, esa tasa debe estar situada en torno a un 2,5; para resultar óptima debe superar el 3.

La radiografía de la caja de pensiones en España arroja en estos momentos una ratio de 2,42, el nivel más bajo desde 2002. Pero si en lugar de tomar ese indicador, se contabiliza el número de pensiones que se pagan -hay casi un millón de beneficiarios que percibe más de una-, la relación cae hasta un más que preocupante 1,9, menos de dos ocupados por pensión. Dado que la financiación del sistema sigue el modelo de caja única, las importantes diferencias territoriales que se aprecian tras esta tasa de dependencia no afectan al pago de las prestaciones en algunas regiones y provincias españolas -es el caso de Asturias o Galicia- cuya ratio de dependencia cercana al 1 haría en la práctica inviable el sistema.

Más allá de ese ejercicio, las sombras sobre el futuro de las pensiones constituyen un problema de especial trascendencia social, pero también macroeconómica. En primer lugar, porque la buena salud del sistema contributivo en un país apuntala la confianza de los ciudadanos en que al final de su vida laboral les aguarda una razonable seguridad financiera, y ello constituye una premisa básica para el crecimiento y el futuro de cualquier economía. A ello hay que sumar las incógnitas que arroja sobre esa sostenibilidad el panorama macroeconómico que la economía española debe afrontar en los próximos años. Una suerte de tormenta que conjuga una elevadísima tasa de paro, una población que envejece de forma progresiva y una crisis de flujo de crédito y financiación que de momento impide alimentar adecuadamente el motor del crecimiento.

Todo ello conforma un escenario que ciertamente no es nuevo y del que el Gobierno es perfectamente consciente. Pese a que nuestro sistema de Seguridad Social cuenta con un Fondo de Reserva bien nutrido, lo que constituye un notable colchón, es importante recordar que no es eterno. Es por ello que la gran asignatura pendiente de la Seguridad Social española es un adelantamiento efectivo de las importantes modificaciones que en materia de cotización y acceso a las pensiones se aprobaron en la última reforma. Unos cambios que se ajustaron a un calendario que entonces resultaba oportuno -el plazo de implantación se fijó en 2017-, pero que hoy aparece como inaceptablemente largo.