El Gobierno hizo ayer un nuevo ejercicio de transparencia sobre las dificultades reales por las que atraviesa el sistema financiero tanto para captar financiación como capital en los mercados mayoristas. Aunque el mercado vaticinaba un cambio en la normativa de las cajas de ahorros, no lo hace y se limita a establecer un calendario para que, con los instrumentos que ya hay a disposición de las mismas, se recapitalicen para reforzar la solvencia, devolver la confianza, recuperar la concesión natural de crédito y contribuir al crecimiento.

Únicamente establece la potestad del Banco de España de meter, a través del FROB, capital público en las entidades que en el otoño próximo no hayan logrado captar el capital necesario para llegar al 8% de core capital (recursos de la máxima calidad) sobre los activos ponderados por riesgo, cota que desde ahora exigirá España a sus entidades financieras, anticipando las que hasta ahora se consideraban estrictas exigencias de Basilea III, aplicables en 2013. Además, endurecerá estas condiciones para las entidades con mayores dificultades en los mercados abiertos y con escasa presencia de inversores privados, aunque la prima adicional de capital exigible no está determinada.

Tras conocer el estado financiero de cada entidad a 31 de diciembre pasado, disponible cuando estén ultimadas las auditorías en las próximas semanas, el Banco de España determinará y comunicará qué necesidades tiene cada banco y cada caja, que dispondrán hasta septiembre para buscar en el mercado el capital preciso, que en ningún caso superará, según estima el propio Gobierno, los 20.000 millones de euros. Solo una vez que las entidades hayan agotado todas las posibilidades de captación de recursos sin haber cubierto sus necesidades, solo entonces, entrará el capital público tomando acciones del banco en el que debe convertirse cada caja de ahorros, y en el que deben estar depositados todos los activos y pasivos. Su permanencia máxima será de cinco años y contará con presencia de consejeros en el equipo de administración de cada entidad.

El Gobierno no resuelve todo el problema, pero lo acota. Da un paso al frente ofreciendo garantías públicas de recapitalización en caso de fracaso en los mercados mayoristas, lo que supondrá la seminacionalización de algunas entidades. Pero dilata excesivamente el proceso, durante el cual, de proseguir la crisis económica y dada la naturaleza inmobiliaria de la mayoría de los activos problemáticos, la banca podría acumular nuevos deterioros y nuevas necesidades de capital. Esta dilatación solo es entendible por la limitación de las necesidades de nuevo capital detectadas, 20.000 millones de euros como máximo, aunque con la delicada credibilidad de las finanzas públicas españolas, un 2% adicional de déficit y deuda, si hubiere que recurrir a ello, no es poca cosa.