No hay riesgo de impago de la deuda pública en España, como tampoco hay riesgo de una segregación del euro. Los mercados no desconocen ninguna de las dos cosas, pero hay una facción del negocio puramente especulativa que apuesta a rentabilizar la propia especulación, con movimientos bruscos en los índices, que afecten tanto a los precios de los bonos como a las Bolsas. Pero la presión provoca un ensanchamiento de los diferenciales en los tipos de emisión, la prima de riesgo, que conlleva un encarecimiento de los costes que deberá soportar el Tesoro. Sólo este año deberá emitir 200.000 millones de euros, y un solo punto de prima de riesgo genera 2.000 millones de sobrecoste. Una cantidad nada despreciable.

Pero el riesgo real cuantificable más abultado es la absorción de recursos que genera el Estado para atender su necesidad de financiación, reduciendo las posibilidades de inversión del sector privado de la economía. Además, la prima de riesgo del bono se traslada miméticamente a las empresas españolas que precisan renovar su financiación (entre banca y empresas no financieras acumulan un endeudamiento del entorno del 250% del PIB). Por ello los esfuerzos políticos por devolver el déficit a su sitio, al 3%, son tan importantes en una economía con tantas dudas sobre su crecimiento.