Los usuarios domésticos españoles están pagando, actualmente, por la luz que consumen un precio superior al de sus homólogos comunitarios al incluirse en la factura eléctrica española conceptos como primas a energías limpias o retribución de otras actividades y servicios que encarecen el recibo. Y, sin embargo, a pesar de que pagamos por la electricidad más que nuestros socios, parece que todavía debemos a las compañías eléctricas la friolera de 24.000 millones de euros, que es lo que se denomina déficit tarifario, y que se estima que, de no ponerse solución inmediata, subirá, al finalizar el año, hasta los casi 30.000 millones de euros (en cifras redondas, el 3% del PIB). Este es uno de los problemas fundamentales a los que deberá enfrentarse, sin más dilaciones, el nuevo Gobierno presidido por Mariano Rajoy, que ya anunció en su discurso de investidura la "imprescindible" reforma del sistema eléctrico.

¿Quién tiene que pagar el déficit de tarifa -lo que se debe-? ¿Cuándo? ¿De qué forma? Dar con la respuesta satisfactoria a estas preguntas supone resolver un problema, no menor, de la economía española, que lleva engordando ya más de una década. Y las posibles alternativas es necesario plantearlas ya sin más demora (la CNE pidió la semana pasada sugerencias al respecto).

Con seguridad, la deuda no podrá ser asumida por un único colectivo (consumidores, empresas, contribuyentes...); habrá que compartir el coste del desaguisado y habrá que establecer un calendario para que su cancelación sea asumible por todos. Nos guste más o nos guste menos, es de obligado cumplimiento tomar decisiones y estas no pueden ignorar una serie de factores que gravitan de forma poderosa sobre el sector y su viabilidad futura.

España no precisa de nueva potencia para satisfacer la demanda prevista durante la década actual y, menos aún, de más potencia en tecnologías inmaduras y caras; establezcamos sensatamente el mix que queremos y podemos pagar. Es decir, adecuemos la planificación energética elaborada en fase de bonanza económica a las necesidades actuales.

Sería deseable culminar la liberalización del sector reduciendo el principio de la tarifa de último recurso (a ella están acogidos más del 50% de los consumidores, porcentaje superior al de la media europea).

La moratoria aprobada por el Gobierno para las energías renovables supone un ahorro de 170 millones de euros; no es poco, pero se estima que el déficit de tarifa crecerá este año algo más de 5.000 millones de euros (y eso que el RD-L 14/2010 no lo permite).

Con la energía termosolar se está produciendo una situación similar a la que se produjo, en su momento, con la fotovoltaica; si entran en funcionamiento las plantas previstas en el prerregistro se habrán puesto en marcha 2.500 MW nuevos en 2013, frente a un objetivo inicial de 500 MW, con el consiguiente aumento de primas.

La presencia en las tarifas, total o parcialmente, de las primas que perciben los productores de energía renovables, que no son costes inherentes al suministro eléctrico sino a la política energética, desvirtúa la razón última que debe regir la relación entre consumidor y empresa suministradora.

El déficit de tarifa generado por la producción de electricidad de origen renovable es temporalmente financiado por las empresas eléctricas tradicionales; es necesario replantearse esta cuestión: transparencia y discusión sobre quién y a través de qué mecanismos financiar una energía que parece contar con el respaldo mayoritario de la sociedad son cuestiones muy relevantes.

La política actual ha puesto de manifiesto que resulta peligroso utilizar las tarifas como argumento político o electoral y conviene dejar claro que sí existe un precio real de la energía, posible de estimar y de ajustar con rapidez, evitando que se acumulen deudas que hipotequen el porvenir de todos.

Con la vista puesta en el futuro, y desde el respeto a los compromisos adquiridos con la Unión Europea, hay que lograr una mayor eficiencia, buscando alcanzar los mismos objetivos a menor coste. Para ello sería necesario revisar los objetivos y la estructura de medios de generación contenidos en el Plan de Energías Renovables 2020.

Desde el punto de vista medioambiental, y de cara a la reducción de emisiones de CO2, conviene tener en cuenta que no todas las renovables contribuyen en la misma medida, situándose en una posición de ventaja la energía eólica.M.ª Josefa García Grande

Mª. Josefa García Grande. Profesora Titular de Economía Aplicada en la Universidad de Alcalá. Coordinadora del Grupo de Estudios sobre Energía de la Fundación Ortega-Marañón