Los procesos de fusión abiertos entre cajas de ahorro generarán con seguridad unos excedentes laborales derivados de la duplicidad de servicios centrales y del cierre de sucursales redundantes. Algo que no se escapa ni a los directivos de las cajas, ni a los sindicatos ni mucho menos al supervisor de las operaciones, el Banco de España.

El sector ha afrontado generalmente la reducción de plantilla de forma pactada para minimizar los efectos sociales. Para ello se han servido de prejubilaciones costeadas por las entidades que han supuesto fuertes desembolsos. En esta ocasión, la crisis está mermando los beneficios del sistema financiero, lo que resta fondos para pagar a los trabajadores cesantes. Las entidades quieren que el Banco de España tenga una actitud más flexible en el tratamiento que las cajas den a sus ajustes laborales.

La medida es acertada, como también la decisión del gobernador del Banco de España de analizar caso a caso y ser cauteloso. Primero, debe asegurarse de la viabilidad de la entidad resultante, tanto por tamaño como por ratios de solvencia, y segundo, que los fondos obtenidos con las minoraciones de las provisiones se destinan en primer lugar a capitalizar la entidad, y sólo posteriormente una parte marginal a la reconversión laboral.