Cuando me decidí a escribir estas líneas, acababa de oír en las noticias que Moody's había rebajado la calificación a siete comunidades autónomas y había puesto a todas en perspectiva negativa. Yo podría explicar esto y traer aquí, una vez más, las terroríficas cifras de deuda y déficit que arrojan las autonomías y ponen al Estado español al borde la quiebra (la última cifra de deuda autonómica que he visto, del pasado marzo, alcanza los 145.118 millones de euros, con un crecimiento del 15,74% interanual; la deuda pública en España se ha duplicado y crece a toda velocidad, y el segundo trimestre de 2010 se alcanzó el mayor déficit anual de nuestra historia conocida: el 11,6% del PIB).
Pero no voy a repetir aquí cifras y más cifras. El que quiera ver datos actualizados sobre la evolución de ingresos y gastos del Estado entre 2007 y 2011 puede encontrarlos, con instructivas lecciones, en M. Lagares (La crisis económica y la Hacienda pública en España 2012, informe anual del Foro de la Sociedad Civil, Madrid, mayo 2012). Lo que en este momento España tiene que plantearse es una reconsideración y una nueva construcción del Estado de las autonomías, cuya dinámica de gasto público incontrolado se ha demostrado inmantenible.
Yo he recordado muchas veces en estos años aquello que decía Harold Laski: "Los Estados federales (y el nuestro es más que federal) solo se los pueden permitir países grandes y ricos en épocas de expansión". El nuestro no es ni grande ni rico y estamos en medio de una profunda recesión. Es evidente que hay que estudiar seriamente las reformas a introducir en el modelo de Estado autonómico, de modo que este pueda sobrevivir y no nos arruine a todos. España es una nación forjada en la historia; que tiene más de 500 años y es anterior a los demás países de Europa. Pero es un país plural, con diversidad de pueblos, de climas, de lenguas, de costumbres y modos de ser, que tienen conciencia de su propia identidad (vid. Ariño Ortiz, Las nacionalidades españolas. El caso de Cataluña, Thomson-Reuters, 2011).
Por ello, porque esa es la realidad histórica y política de España, el Estado, sin perder su unidad, tendrá que ser siempre un Estado políticamente descentralizado. Ahora bien, en el mundo en que vivimos, es decir, en el marco de la unidad europea y de unos mercados globalizados -especialmente los mercados financieros- es evidente para mí que el único interlocutor válido es y seguirá siendo el Reino de España, es decir, el Estado español como unidad política y económica. Al Estado le corresponde definir los parámetros fundamentales de la política económica: política monetaria y crediticia, fiscal, límites al gasto público, sistema de relaciones laborales, régimen general de Seguridad Social y definición del modelo económico e institucional (principios básicos de ordenación que han de aplicarse con carácter unitario en todo el territorio nacional).
En ese marco común de actuación, una descentralización del poder político lleva también consigo, necesariamente, una cierta descentralización del poder de ordenación económica y por tanto una cierta diversidad -falta de uniformidad- en la regulación del comercio, la ordenación urbana, la artesanía, los impuestos locales, el turismo o el transporte de su territorio. Pues bien, es preciso repensar los términos en los que se ha desarrollado hasta ahora esa asignación de tareas y responsabilidades entre el Gobierno central y los Gobiernos autonómicos. Y a este fin se orienta el próximo encuentro del Foro de las Autonomías que ha promovido el Instituto de Derecho Público de Barcelona y cuya primera reunión tendrá lugar en Madrid, en la sede del Senado, el próximo día 25 de junio.
Tengo para mí que la clave de la nueva ordenación autonómica que España necesita está en un diseño completamente distinto del sistema fiscal, de ingresos y gastos de los Gobiernos autonómicos. El sistema de financiación autonómica ha sido hasta ahora una materia opaca, compleja, que la mayoría de la gente no entiende y que no genera en la población conciencia alguna de quiénes son los responsables del ingreso y del gasto. La gente no sabe quiénes son los titulares de los servicios que corresponden a cada nivel de Gobierno. En general, hacen siempre responsable al Gobierno de la nación, cuando la verdad es que hoy las comunidades autónomas han asumido la mayor parte de los servicios que prestan los poderes públicos: educación, sanidad, deporte, asistencia social, transporte urbano y autonómico, y otros muchos.
Sin embargo, el sistema de asignación de ingresos y el de recaudación de impuestos es básicamente estatal, de modo que unos son los que cobran y otros los que pagan. Este es un mal planteamiento que conduce a la irresponsabilidad, el descontrol y el despilfarro, algo que hemos tenido ocasión de comprobar en estos años. Pero dejemos este y otros temas para el debate de los próximos días, semanas y meses. Lo que está claro es que así no podemos seguir.
Juan Miguel de la Cuétara. Catedrático de Derecho Administrativo
