La renovación de cargos en los órganos de gobierno de Bancaja, prevista para hoy, vuelve a encender la mecha del siempre preocupante debate sobre la politización de las cajas. En el caso de la entidad valenciana, la presidencia recaerá en el ex presidente del PP en Valencia y de la Generalitat José Luis Olivas, favorito del ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, quien ha hecho pesar su influencia para este nombramiento. A esto se añade que el PP y el PSOE han preferido dejar de lado su rivalidad política para llegar a acuerdos que les permitan repartirse los principales puestos del consejo de administración. Y no parece descartable que incluso la cuarta vicepresidencia de la caja, en principio destinada a los representantes de los impositores (los clientes, los que sostienen la entidad), acabe también en manos del PP.

El de Bancaja no es el único episodio que levanta sospechas palpables. El anterior capítulo se cerró hace pocas semanas en la castellano-leonesa Caja España, que estuvo más de un mes sin director general a causa del enfrentamiento político entre dos partidos, PP y PSOE, sin mayoría suficiente para designar nuevo cargo, por un lado, y por otro, los socialistas de León, Unión del Pueblo Leonés y UGT. El conflicto ha puesto en entredicho la figura del actual presidente, Juan Manuel Nieto Nafría.

Esta situación anómala provocó incluso una inusual crítica del presidente de la CECA, Juan Ramón Quintás, ante la asamblea de las cajas. La preocupación por la injerencia política es permanente, según reconocen las cajas, aunque casi siempre de manera oficiosa. No atajar el intervencionismo político pone en peligro la gestión eficiente del 50% del sistema financiero español, da argumentos a los que defienden la privatización y cuestiona un modelo que ha contribuido de forma decisiva en el desarrollo económico de este país.