Como consecuencia de la delicada situación de la economía nacional, el Gobierno de España se ha visto obligado a sumergirse en diversas medidas financieras encaminadas a corregir los desequilibrios presupuestarios. El Real Decreto-Ley 12/2012, del 30 de marzo, por ejemplo, recoge, entre otras medidas, una modificación de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas "dirigida a una mejor utilización de las capacidades públicas de gestión del patrimonio inmobiliario, simplificando estructuras y mejorando la coordinación. Todo ello permitirá una gestión más racional de los edificios administrativos, reduciendo gastos y generando ganancias de eficiencia".
En nuestra opinión, para construir un plan estratégico de optimización de los edificios administrativos del Estado son necesarios cuatros pilares básicos: racionalización de espacios, concentración de sedes, venta de inmuebles y ahorro de costes operativos y facilites management.
Cuando nos referimos a la necesidad inicial de racionalizar los espacios, nos centramos en la necesidad de puntualizar propuestas de ocupación concretas, definiendo los estándares de espacio y ratios de ocupación por tipología de puesto, así como la esquematización, el equipamiento básico y las medidas de cada uno de los espacios tipo que se definan en cada organización.
Actuaciones que pueden complementarse por medio de la concentración de sedes, un proceso que persigue tres objetivos principales: reducir la cartera de inmuebles bajo gestión, mediante la desocupación y optimización de inmuebles no eficientes; proponer alternativas de concentración de sedes, aprovechando las oportunidades que presenta el patrimonio del Estado, reduciendo en la medida de lo posible los gastos derivados del alquiler de edificios de oficinas propiedad de terceros; y, por último, mejorar los ratios de eficiencia y eficacia en la prestación de servicios públicos, así como en la utilización de sedes administrativas, lo que repercute necesariamente en una mejor utilización del espacio y reducción de costes operativos.
Asimismo, si la Comisión de Coordinación Financiera de Actuaciones Inmobiliarias y Patrimoniales lo considerara oportuno, se podrán plantear estrategias de desinversión de inmuebles propiedad del Estado encaminadas a la venta de inmuebles, con el objetivo de generar liquidez y reducir las partidas de gastos asociadas a estos activos. Dadas las dificultades que atraviesa el mercado de inversión inmobiliaria en la actualidad, resulta de vital importancia planificar estas desinversiones de modo que respondan a los requerimientos de la demanda, tanto por la tipología de los activos, su situación registral, administrativa, estado de conservación y precio.
El cuarto pilar sobre el que descansa un proyecto global de optimización patrimonial, el ahorro de costes operativos y facilites management, consiste en la revisión y racionalización de los costes operativos de un inmueble, entre los que destacan los siguientes servicios, por orden de importancia en cuanto a la repercusión en la cuenta de gastos: limpieza, mantenimiento general, climatización, seguridad, suministro eléctrico, entre otros. Los resultados de procesos de optimización similares demuestran que mediante una correcta gestión patrimonial se puede conseguir entre un 20% y un 30% de ahorro en costes de mantenimiento, suministros y gestión patrimonial manteniendo los estándares de calidad de la entidad.
A partir de estos cuatro pilares se podrán poner en marcha las medidas capaces de atender no solo a criterios económicos de austeridad y rentabilidad, sino también criterios de eficiencia y eficacia en la prestación de servicios y atención al ciudadano. Una solución al presente con visión de futuro.
Susana Rodríguez. Directora General de la División de Consultoría de Aguirre Newman
