En agosto de 2011 entró en vigor la última reforma del sistema de pensiones, la que llevó la edad legal de jubilación a los 67 años. Era una transformación bastante profunda de las condiciones de acceso a la prestación de retiro, con un reforzamiento importante de la contributividad: además de retrasar dos años el umbral legal del retiro, se contabilizan los 25 últimos de cotización para determinar la cuantía de la pensión, y se retoca, endureciéndola, la proporción de pensión que se cobra por cada año de carrera de cotización. Buenos mimbres para reforzar las finanzas de la Seguridad Social tal como en aquellos momentos evolucionaba la actividad económica, en los que la crisis había destruido ya dos millones de empleos, pese a que los periodos transitorios de aplicación plena de los cambios eran demasiado dilatados, y por ello, los retornos financieros de la transformación, demasiado lentos.

Tan lentos, que hoy, solo dieciocho meses después, se antojan insuficientes para hacer frente a la pérdida de ingresos y al avance de los gastos. Tan lenta era la aplicación plena de la reforma que la jubilación a los 67 años solo era efectiva desde 2027, y solo en 2021 se exigían 66 años para acceder al retiro, mientras que el cómputo de los 25 últimos años de cotización (ahora dieciséis) para calcular la pensión solo serán exigibles en 2022.

Con solo estas dos medidas a pleno rendimiento (en 2027, eso sí) la Seguridad Social contaría con los dos años de mayor concentración de pensionistas (los 65 y 66 de edad) como activos cotizantes, y con una prestación más ajustada a las aportaciones durante la vida laboral, lo que proporcionaría unos 11.000 millones de euros más de recursos anuales al sistema entre cuotas abonadas y pensiones ahorradas.

Curiosamente, una cantidad parecida a la desviación presupuestaria de este año contabilizando también el seguro de paro. En 2012 la Tesorería admite un déficit en pensiones de 5.800 millones de euros, tras haber sacado del Fondo de Reserva más de 3.000 millones, que será creciente en los próximos años si los legisladores no hacen nada. Ahora cuenta con más de 60.000 millones de euros; pero enjugar cada año el déficit de explotación del sistema, que será creciente por el creciente deterioro del empleo, pone límite temporal, y más pronto que tarde, a la liquidación del dinero del fondo de reserva. Y no hay nada peor para las expectativas de los españoles que ver en riesgo su retiro económico, algo que ahora confían aún de forma mayoritaria en la Seguridad Social. Por tanto, se impone la necesidad de acelerar, con una nueva reforma, la reforma de 2011, de tal manera que nadie tenga dudas sobre la sostenibilidad financiera de las pensiones.

Hay que rehacer la reforma porque el escenario en el que se hizo la de 2011 ha cambiado. Desde entonces se han perdido 1,5 millones de cotizantes, sin que apenas una sola medida de las adoptadas entonces haya entrado en vigor. 1,5 millones de cotizantes menos, y 200.000 pensionistas más. No es una cantidad baladí: 1,5 millones de cotizantes aportan unos 9.000 millones de euros al año. Pero es una cantidad que se elevará por la razón sencilla de que el ajuste del empleo no ha concluido, y que las bases de cotización de los nuevos cotizantes son de cuantías inferiores a las de aquellos que causan pensión o pierden su empleo.

En los últimos doce meses un 4,6% de cotizantes han dejado de aportar, aunque lo hagan ahora como desempleados. Por mucho que se recomponga la tendencia, en 2013 bien podrían destruirse cerca de 450.000 empleos adicionales, mientras que la llegada de pensiones seguirá su curso vegetativo. Entre el empuje de una variable y la contracción de la otra, la Seguridad Social podría registrar en 2013 un déficit no inferior a 14.000 millones de euros, que deben atajarse con cambios normativos.

Lo más sencillo es elevar las cotizaciones y recortar las pensiones. Pero como tal cosa parece de difícil aplicación, solo cabe acelerar las palancas que se movieron en 2011: retrasar la edad de retiro, reforzar los años para calcular la pensión, y prohibir todo anticipo de la jubilación, además de dejar claro que las pensiones se actualizan si las condiciones económicas lo permiten, y sino, no se actualizan. El Gobierno se ha dado tres meses para la reforma de la jubilación anticipada: debe meter en el mismo plazo una aplicación acelerada, muy acelerada, de la reforma de 2011.