La patronal exige que se hagan los deberes

La CEOE presentó ayer un exhaustivo y completo paquete de medidas de reforma -elaborado por el Instituto de Estudios Económicos, organismo vinculado a la patronal- con el objetivo de luchar contra la crisis. En un ejercicio de franqueza y realismo, los empresarios no han dudado en calificar de "políticamente incorrectas" las ideas propuestas, así como de advertir sin tapujos sobre el elevado coste electoral que con toda seguridad su puesta en práctica llevará consigo. Entre esos deberes incómodos -aunque necesarios- que la organización que preside Juan Rosell exige, tanto al Gobierno actual como a un hipotético futuro Ejecutivo del PP, figuran viejas e importantes asignaturas pendientes que se han convertido en problemas acuciantes en el difícil escenario económico actual.

Es el caso la reforma de la financiación autonómica, un hueso indudablemente duro de roer -desde un punto de vista político- que la patronal considera imprescindible abordar sin demora. Los empresarios han recordado que el modelo actual no garantiza la igualdad de todos los españoles en el acceso a los servicios públicos al mantener diferencias de hasta el 60% en financiación por habitante en función del territorio de residencia. También consideran inaplazable terminar "con la situación de privilegio de los sistemas forales" y con ello, con el innegable agravio comparativo que supone la existencia de regiones españolas, y por ende, de ciudadanos y empresas, de primera y de segunda categoría fiscalmente hablando. Otra de las propuestas interesantes en el afán por racionalizar el modelo de financiación de las regiones pasa por desvincular los recursos asignados a cada comunidad de su capacidad fiscal y relacionarlos únicamente con las necesidades de gasto en función del tipo y cantidad de población. Ello llevaría consigo la desaparición del Fondo de Suficiencia y de los Fondos de Convergencia de forma transitoria.

La patronal defiende, además, una mayor capacidad normativa de las comunidades autónomas para avanzar en materia de corresponsabilidad fiscal y eliminar así las disfunciones que ocasiona el disponer de competencias sobre el gasto y de limitaciones sobre los ingresos. Como fórmula para articularlo, los empresarios apuestan por ceder a las regiones un tramo del IVA y de los impuestos especiales, así como por crear nuevas tasas que les permitan cierto margen de maniobra a la hora de fijar fórmulas de copago tanto en materia de sanidad como de educación.

Una medida -el copago privado- que encaja plenamente en la categoría de medidas "políticamente incorrectas" a que alude la patronal, pero cuya indudable eficacia como elemento de racionalización del gasto público, hoy por hoy, es muy difícil de ignorar. En el caso del sistema público sanitario, cuya cifra de déficit oficial es de 15.000 millones -pero a la que hay que añadir alrededor de 22.000 millones más de posible déficit sin aflorar, según cálculos de distintos expertos-, la conveniencia de implantar fórmulas de financiación mixta constituye una necesidad urgente. Como no puede ser de otra forma, ello debería ir ligado siempre al nivel de renta y a las posibilidades económicas de cada ciudadano con garantía plena respecto a sus derechos fundamentales.

Junto a este paquete de medidas incómodas en términos políticos, los empresarios han reafirmado una vez más su convencimiento de que es necesario avanzar en materia laboral -con menos modalidades contractuales y un nuevo contrato fijo con despido más económico-, de negociación colectiva -con mayor autonomía empresarial para modificar las condiciones laborales-, abaratamiento de cotizaciones y homogeneidad legislativa entre las diferentes regiones. Todas ellas son propuestas razonables, de indudable trascendencia para la agilización de la vida de las empresas y, por lo tanto, para la creación de empleo. En el escenario económico actual, marcado por un crecimiento que continúa siendo anémico, un mercado laboral con cinco millones de desempleados y una necesidad imperiosa de reducir el gasto público, se hace necesario aplicar recetas austeras y hacerlo con el mismo convencimiento y la misma firmeza con que un médico receta al enfermo.