Europa necesita un sistema de patentes que garantice una adecuada protección de la propiedad intelectual en todo el territorio comunitario al menor coste posible. Quizá al lector le suene ese objetivo. Lógico. Los líderes europeos llevan prometiendo desde hace casi 10 años que están a punto de conseguirlo. Pero la concesión de patentes sigue fragmentada en Europa. Y los costes de proteger una innovación en 13 países de la UE son 11 veces mayores que la obtención de un título en EE UU y 13 veces más que el mismo trámite en Japón.

La Comisión Europea ha decidido salirse por la tangente ante la imposibilidad de lograr un acuerdo sobre la futura patente comunitaria. Y ha propuesto la creación de un Tribunal de patentes que actuaría al margen de la Unión Europea, pero tendría competencias exclusivas, incluso a nivel nacional, sobre los litigios relacionados con las patentes europeas, o con la comunitaria, si llega a crearse.

La iniciativa plantea serias dudas desde el punto de vista institucional, lingüístico y de costes para las pequeñas y medianas empresas. El Gobierno de Rodríguez Zapatero debería estar muy atento ante un plan que, tal vez, resuelva los problemas de las multinacionales alemanas u holandesas, pero que puede dejar desprotegidos a los empresarios españoles.