La patente de la Unión Europea
España e Italia están resistiendo la presión de Alemania y Francia para crear un sistema de patentes en Europa que pretendía discriminar la lengua española y perjudicar muy gravemente la competitividad de las empresas españolas en un sector tan estratégico como es el tecnológico.
Dichos países, con el apoyo de la Comisión Europea, pretendían crear un sistema de patentes de la Unión Europea en el que solo se pudiese utilizar el inglés, el francés y el alemán, lenguas a las que el comisario francés Barnier calificó de históricas, discriminando al resto de lenguas oficiales de la Unión Europea, incluyendo el español.
Ello hubiese supuesto dar a las empresas de dichos países una clara ventaja respecto a sus competidoras españolas, dificultando la capacidad de estas últimas de competir en el sector tecnológico y, a su vez, encareciendo de forma importantísima los procedimientos de patentes y creando una gran inseguridad jurídica.
La propuesta de la Comisión Europea, que los Gobiernos español e italiano han rechazado, suponía, además, un notabilísimo incremento de costes para las empresas españolas, pues, contrariamente a lo que ha señalado tendenciosamente la Comisión Europea, el sistema propuesto no abarata los costes sino que los traslada de las empresas que más patentan al resto, particularmente a las pequeñas y medianas empresas, que son la mayoría en España.
En efecto, de las 51.969 patentes europeas que se concedieron en el 2009, 51.621, es decir, el 99,3%, pertenecen a solicitantes no españoles. Dichas empresas no españolas serían las que se ahorrarían traducir sus patentes al español, mientras que las empresas españolas, que son precisamente los sujetos pasivos de dichas patentes, es decir, quienes tienen la obligación legal de respetarlas para no incurrir en infracciones, serían las que tendrían que pagar el coste que se ahorrarían las empresas extranjeras.
Puesto que la creación de dichas patentes de la Unión Europea exige un acuerdo adoptado por unanimidad, la oposición de España e Italia no ha permitido llevarla adelante y, ante ello, Alemania y Francia, con el apoyo de otros países y de la Comisión Europea, han optado por la vía de la petición de una patente unitaria para dichos países, por la vía excepcional y únicamente utilizada una vez en la historia de la Unión Europea, de la cooperación reforzada.
Esto atenta contra los principios democráticos adoptados en el reciente Tratado de Lisboa puesto que, de admitirse dicho procedimiento, la vía de la unanimidad exigida por dicho tratado para decidir por los Estados miembros cuestiones fundamentales, quedaría vacía de contenido.
Es también grave que la Comisión Europea no haya mantenido la imparcialidad que le exigen los tratados de la Unión, posicionándose a favor de ciertos Estados miembros en perjuicio de otros, poniendo en peligro la unidad europea en unos momentos en los que la crisis económica exige más que nunca dicha unidad. Ello confirma también la idea de que, en la Unión Europea, hay ciertos estados miembros y ciertas lenguas que se consideran más importantes que otros.
La CEOE ha venido apoyando, y lo seguirá haciendo, la defensa que el Gobierno español, y en concreto el secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, ha hecho de los intereses españoles en este ámbito, demostrando en sus intervenciones un reconocimiento notable de la importancia estratégica de este tema, con un alto grado de responsabilidad.
Luis Alfonso Durán. Presidente del Comité de Propiedad Industrial e Intelectual de CEOE