En los seis meses que lleva operativo el programa de ayudas a los inmigrantes para estimular el retorno voluntario a sus países de origen, sólo 4.600 extranjeros no comunitarios se han acogido al plan, financiado con la propia prestación por desempleo que tales inmigrantes habían generado. Ha tenido, por tanto, muy escasa acogida, si tenemos en cuenta que los desempleados extranjeros con prestación superan los cientos de miles y que es una cantidad creciente a medida que avanza la crisis. Trabajo prepara ahora un sistema de ayudas adicional para el colectivo de rumanos que dese regresar a su país, por considerar que las posibilidades de encontrar empleo en España son nulas.

Ambas medidas pretenden aliviar la estancia de colectivos de extranjeros en situación de crisis. Pero difícilmente pueden corregir los errores de permisividad que se han practicado en la política de inmigración en los años transcurridos del siglo XXI. Los inmigrantes, como los españoles, pueden tener dificultades para encontrar empleo. Pero, aunque tengan menos anclajes sociales y económicos por falta de raíces familiares, disponen de un sistema de servicios sanitarios y educativos que componen un mecanismo de integración social más atractivo que el que pueden encontrar en su país de origen, y al que no quieren renunciar.