La Agencia Tributaria está hace tiempo a la vanguardia en el uso de las nuevas tecnologías, tanto para su funcionamiento como en su relación con el contribuyente. Es seguramente la mejor forma de demostrar a los ciudadanos que los impuestos que recauda se están invirtiendo en futuro. Lo deseable es que esta eficacia de la oficina recaudatoria sea un reflejo de la optimización con que se emplean los recursos de los ciudadanos.

Ahora la Agencia Tributaria va a dar un paso más en el campo de la ciberadministración que, salvo defectos en su aplicación, va en la vía correcta. Una nueva orden ministerial que está a punto de aprobar Hacienda permitirá a las empresas que destruyan sus facturas en soporte de papel si las digitalizan. Esta orden de facturación telemática es un desarrollo del reglamento sobre facturación empresarial. De hecho, las empresas pueden ya emitir facturas electrónicas, o seguir con el formato tradicional. Pero, una vez elegido el formato original, no les está permitido usar indistintamente ambos canales para cada factura. Este avance permitirá sustituir el papel con que se expidió una factura por un documento digital, sin que pierda el visto bueno de la Agencia Tributaria. Se trata de un importante salto cualitativo, ya que 'sólo los originales de las facturas' son validos como justificantes para Hacienda. Pero también de un gigantesco salto cuantitativo: las empresas podrán reconvertir en digitales toneladas de papel de dudosa utilidad en la era telemática.

Es lógico que este paso exija todo tipo de medidas de seguridad. Y así lo aconsejan los expertos, porque se trata de información sensible que, por ejemplo, no tienen por qué compartir todos los departamentos de una organización empresarial.

El Gobierno está enfrascado en una lucha plausible a favor de las nuevas tecnologías. La Ley de Medidas de Impulso a la Sociedad de la Información, promovida por Industria, o la de Administración Electrónica (de Administraciones Públicas) son dos ejemplos más. En la batalla contra la pesada losa de la burocracia las empresas deben ser objeto de atención de primer orden.