Son muchas las voces que andan a vueltas con las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno para el sector eléctrico, a veces utilizando argumentos que están confundiendo a la opinión pública.
Conviene contar la historia desde el principio. En 2007 la Administración fijó el objetivo de incentivar la producción de energía eléctrica fotovoltaica para que en 2010 España contara con 371 MW de esta tecnología. Los incentivos consistían en acreditar un precio de 440¤/kW fotovoltaico durante los primeros 25 años, actualizado año tras año con el IPC menos 0,25, como si de una pensión se tratase, hasta llegar a los 489¤ en 2013.
Los generosos incentivos hicieron que en 2009 la potencia instalada acogida a los mismos fuera de 3.400 MW, casi diez veces superior al objetivo previsto para 2010. En consecuencia las primas pagadas a esta tecnología ascendieron a 2.600M¤ en 2010, frente a los 300 millones previstos. Cifra que si no se remedia llegará a 65.000 M¤ en los próximos 25 años. Podríamos conformarnos con pensar que una energía con tantas ventajas (renovable, autóctona, poco contaminante...) tiene que ser muy cara, pero no es cierto.
El precio que se paga a las fotovoltaicas que hoy se instalan, gemelas de las anteriores, es de 266 ¤/MWh, nada menos que 223 ¤ menos por cada MWh. El problema de las cifras expuestas es la dificultad de entender su impacto en la vida de un ciudadano normal. Para explicarlo vayamos al detalle de la factura eléctrica.
Una familia española consume por término medio unos 3.000 kWh al año. Cada tecnología de producción eléctrica aporta una cantidad de kWh a un determinado precio. La energía fotovoltaica, la más cara, aporta solo el 3% de la energía que consume y le cuesta el 13% del total de lo que paga.
Si toda la energía fotovoltaica que se produce se pagase al mismo precio que se paga la fotovoltaica instalada en el último año el coste de esta energía para el hogar se reduciría en un 5%.
En sólo cuatro años, el precio de la energía fotovoltaica se ha reducido un 46%, como consecuencia de los avances tecnológicos, el descenso de la demanda de placas fotovoltaicas, (recordemos que en 2009 España consumió el 80% de las que se fabricaron en el mundo, muy pocas de ellas en España), pero también por una distinta rentabilidad en las inversiones.
¿Es esta una situación sin remedio, estamos condenados a pagar el resto de nuestra vida esa enorme diferencia de precios por una misma energía? La respuesta es no.
La posición conservadora apela a la retroactividad que, desde este punto de vista, se derivaría de introducir algo de racionalidad en este desbarajuste de precios. Este tipo de "contemplaciones" no se da en las actividades sometidas al libre mercado, pero tampoco en las actividades reguladas, incluidas las eléctricas.
Desde su creación, hace más de un siglo, hasta la década de los 90, los sectores eléctricos de todo el mundo estaban íntegramente regulados. La aparición de nuevas tecnologías de generación (ciclos combinados de gas natural) situaba el coste de la energía eléctrica muy por debajo de lo que había entonces. El coste marginal era claramente inferior al coste medio, que es lo que hoy ocurre con la energía fotovoltaica. La respuesta, en los países occidentales, fue la liberalización de la producción eléctrica; se replanteó la regulación existente, que en España fue la derogación del Marco Legal Estable y se negoció con los agentes el justo reconocimiento de sus derechos en función de una confianza legítima que un Estado de Derecho debe preservar.
En esta misma línea el Tribunal Supremo ha afirmado en varias sentencias que no considera que la rentabilidad sea un concepto estático, sino que muy al contrario debe revisarse cuando cambian las condiciones de la economía. Parece un sarcasmo que las únicas medidas adoptadas que afectan a esta energía hayan sido congelar un precio que está por las nubes. Si el pago de las primas se hiciese con carácter marginal, es decir, si a todas las instalaciones solares se les pagase la misma prima que se les paga a las últimas instalaciones fotovoltaicas puestas en servicio, España ahorraría unos 1.000 M¤ anuales. Esto mismo podría extrapolarse a la energía termoeléctrica solar, pero eso lo trataremos otro día.
Alberto Bañón
Director de Regulación y Asuntos Económicos de UNESA
