Hacienda podría convertirse en el mejor amigo de los proveedores de la Administración autonómica y local. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció ayer la intención del Gobierno de abonar las facturas atrasadas a los proveedores que contraten con la Administración autonómica o local, así como de descontar posteriormente esas cantidades de las transferencias que el Estado central realiza a regiones y ayuntamientos.

El objetivo de la medida es hacer que las Administraciones públicas respeten los plazos de pago previstos en Ley de Morosidad, una normativa cuyo incumplimiento por parte de comunidades autónomas y ayuntamientos se ha convertido en un problema crónico para miles de empresas y autónomos. La futura normativa permitirá a los proveedores reclamar directamente a Hacienda para que arbitre la gestión del pago. La propuesta de Montoro no solo constituye una solución a la acuciante situación de muchas empresas frente a la Administración, sino que debe suponer un aviso a navegantes sobre un principio constitucional cuya firmeza no debería suscitar duda alguna en un Estado de Derecho. El hecho de que la ley obliga no solo a los ciudadanos, sino también, y muy especialmente, a los poderes públicos, cuya función es cumplirla, además de hacerla cumplir.