La sequía de crédito, el hundimiento del consumo y las incertidumbres sobre el futuro forman un círculo vicioso en el que se mueven las empresas sin encontrar salida. Los cinco años de crisis económica y el cierre de los mercados, tanto financieros como de actividad, hacen más agónica la travesía del desierto en que se ha convertido la vida empresarial en la mayoría de los sectores. Como un reflejo fiel de ese panorama, entre enero y julio la empresas pidieron aplazar deuda por 11.902 millones, un 11,2% más que en el mismo periodo de 2011. De mantenerse este ritmo, la deuda aplazada este año se acercará mucho a los 18.000 millones, una cifra inédita en la historia de España (en 2007 la moratoria no llegaba a 5.000 millones). Hacienda asegura que intenta aprobar las solicitudes de aplazamiento que recibe. Es lo lógico. Pero puede hacer más y mejor. El hecho de que sea el IVA el impuesto por el que se piden más aplazamientos revela a la vez el grave problema de morosidad que aqueja a las empresas. Es una razón más para que el Gobierno cumpla, y sin más demora, su compromiso de que el IVA se pague en el momento de cobrar una factura y no cuando esta se emite. Ese compromiso electoral, insistentemente manifestado por los miembros del Ejecutivo, sigue a la espera de una ley.