Una obra civil en caída libre
La severa caída de la inversión en obra pública en España ha desatado un verdadero annus horríbilis para las empresas del sector. Los datos recopilados hasta el mes de mayo revelan que la adjudicación de contratos por parte del Ministerio de Fomento asciende a 752 millones, casi un 80% menos de los 3.340 millones repartidos durante ese mismo periodo en 2010. Tal y como se advierte desde la industria, se trata de una paralización con una dureza sin precedentes y que ha tenido consecuencias inmediatas en las perspectivas de las distintas empresas del sector. Como resultado de ello, se han producido salidas notables del ranking de las 20 empresas con mayor volumen de contratación. Las tres compañías que se mantienen en cabeza de lista -Acciona, FCC y ACS- lo hacen con contratos de poco más de 70 millones, una cifra cuasi irrisoria si se compara con los 170 millones que se adjudicaba Acciona hace un año, los más de 230 que correspondían a FCC o los 580 millones de ACS.
Es evidente que el hundimiento de la inversión en obra pública no responde a una decisión arbitraria, sino al esfuerzo de contención de gasto llevado a cabo por la Administración bajo la vigilante mirada de Bruselas y la constante presión de los mercados financieros. Pero si bien es cierto que España está obligada a acometer importantes recortes presupuestarios para cumplir con sus objetivos de reducción del déficit, no lo es menos que el hecho de hacer uso de las tijeras en una u otra partida tiene consecuencias de relevancia diferente. Desde ese punto de vista, convendría recordar que la inversión en obra pública supone siempre un gasto productivo y que, como tal, debería preservarse con mayor celo que otros capítulos de gasto corriente.
Mientras los empresarios, visiblemente descontentos con la gestión de Fomento, demandan medidas como la recuperación del plan de infraestructuras hidráulicas, la puesta en marcha de instrumentos anticíclicos o la terminación de obras con capital ya invertido, desde Fomento se asegura que se aproximan concursos por más de 3.000 millones en obras del AVE. Pese a ello, el sector no debería confiarse, sino profundizar en fórmulas que le permitan adaptarse al bache en que está inmersa la economía española. Desde Fomento se sigue insistiendo, como quien clama en el desierto, en la conveniencia de un proceso de concentración del tejido empresarial como solución para impulsar la salida al mercado exterior. También el recurso a fórmulas de financiación mixta, que aligeren la carga de las arcas públicas a la hora de acometer nuevos proyectos de infraestructuras, es otra opción en la que hay mucho por explotar. Mientras no se vislumbre el final de la crisis, estos son importantes retos a afrontar.
