Ante el nuevo recorte
Durante los últimos días el escenario económico del país ha sufrido notables variaciones. Por una parte, la Comisión anunció una suavización de los objetivos fiscales. Por otra parte, el Eurogrupo hizo público el texto del memorando de entendimiento. Por último, el Gobierno español acompañó ambas medidas con el anuncio de un renovado programa de ajustes fiscales y reformas. Aún a falta de concretar el ahorro de cada una de las medidas, el Gobierno ha cifrado el programa global en 65.000 millones hasta 2014, si bien habrá que esperar para valorar tal extremo, habida cuenta del efecto pro cíclico recesivo del ajuste. En cualquier caso, aun cuando existe poco espacio de maniobra y la posibilidad para aliviar la recesión a corto plazo está ya en manos comunitarias, las medidas podrían haber tomado otra dirección.
En el campo fiscal, España no solo tenía un tipo general del IVA reducido, sino que el peso de los tipos reducidos e hiperreducidos es aún muy elevado. De este modo, la homologación con la Unión podría haber sido conducida por una recomposición de los distintos grupos, de modo que la subida de los tipos nominales pudiera haber sido más contenida. Además, la rebaja de las cotizaciones sociales, aun cuando tiene sentido a medio plazo en la medida que canaliza una devaluación competitiva, a corto esta medida solo traslada el déficit del Estado a la Seguridad Social, obligando a su vez a una revisión del sistema en los próximos meses. Pero, además, el objetivo de esta medida se verá comprometido dado que reducirá también los ya estrechos márgenes, actuando como una carga no transparente sobre las empresas. Y todo esto, mientras se mantiene un impuesto de sociedades que ha acabado siendo regresivo debido a todo el sistema de deducciones. De este modo, la reforma fiscal podría haber sido dirigida a garantizar la progresividad del impuesto de sociedades (eliminando buena parte de las deducciones) y a gravar los activos fijos sin desincentivar la oferta de trabajo a corto plazo (patrimonio, sucesiones y donaciones, bienes inmuebles, etc.), lo que permitiría a su vez aliviar los saldos fiscales de las Administraciones locales.
En segundo lugar, el Gobierno parece haber dejado pasar una oportunidad para reformar el sistema de desempleo. Después de recortar la financiación de las políticas activas de empleo en 1.500 millones en los Presupuestos de este año, para elevar después las bonificaciones a la contratación en la reforma laboral (que tienen efectos netos nulos sobre el empleo); ahora se reducen tales subvenciones y el propio subsidio por desempleo. Y todo esto, sin afectar la centralidad del modelo que debería pasar por un subsidio cuya evolución temporal mostrará una pendiente más acusada (no con un solo escalón), con una mayor generosidad en los primeros meses de desempleo, apoyado por unas políticas activas bien financiadas. El resultado responde solo a un tímido intento de reducción de costes.
En tercer lugar, la reforma de la Administración presenta una doble interpretación. Las medidas para reducir estructuras parapúblicas y ajustar costes salariales, aun cuando son complicadas, en estos momentos parecen necesarias. Sin embargo, las políticas estructurales, de nuevo, podrían tener otra orientación. En mi opinión el fortalecimiento de la Diputación Provincial y la reducción universal del número de concejales no parece la mejor opción.
Las diputaciones no están sujetas a una elección democrática directa, lo que ha generado un sistema de rendición de cuentas menos transparente. Bajo este modelo, la caída del número de concejales, manteniendo los ayuntamientos y la ley D'Hont, reducirá su representatividad y con ella la de las propias diputaciones, cuyos miembros son elegidos por aquéllos. Pero además, en la medida que se concentra más poder político en las diputaciones, que procederá de los ayuntamientos más pequeños, que seguirán existiendo, el problema de representatividad se dispara. En cualquier caso, en el territorio seguirán conviviendo las diputaciones con los distintos ayuntamientos con competencias diversas junto a las delegaciones de las Comunidades autónomas y del Estado. Este camino parece más angosto y costoso que la fusión de municipios (reduciendo así cargos públicos), la eliminación de las responsabilidades políticas de las diputaciones y la consolidación de sus labores administrativas en las comunidades autónomas. Esta propuesta reduciría costes de funcionamiento y mejoraría el sistema de accountability democrática del conjunto del modelo.
Por último, el Ejecutivo ha anunciado un nuevo paquete de reformas estructurales en el sector servicios que incluirá también parte de los transportes. Asimismo, se comunicó una pronta reforma energética que conforma otra piedra angular del modelo para salir de esta crisis. Veremos en los próximos días (u horas) la concreción de estas promesas.
Jonás Fernández Álvarez. Director del Servicio de Estudios de Solchaga Recio & Asociados