El nuevo modelo laboral y las 60 horas semanales

El debate sobre la jornada laboral de 35 horas semanales está muerto y en su lugar ha aparecido otro menos gratificante para el trabajador. Hace 10 años el Gobierno francés del socialista Lionel Jospin instauraba por ley un horario de trabajo que favoreciese la conciliación entre vida laboral y familiar. La propuesta abrió la negociación a la baja de las jornadas en toda Europa a imitación de lo que ocurría en Francia. En 2008, sin embargo, la competitividad mató a las 35 horas y, tras el giro a la derecha en algunos Gobiernos europeos, el debate en la Unión Europea se centra en la actualidad en la extensión hasta las 60.

El Consejo de Ministros de Trabajo de los 27 países de la Unión Europea aprobó el 10 de junio una propuesta de Directiva de Tiempo de Trabajo donde se establecía, como excepción, la posibilidad de alcanzar las 60 horas (o las 65 horas en determinados casos). Hasta ahí, todos de acuerdo, pero en las consecuencias que conllevará esta medida surgen las diferencias entre empresarios, Comisión Europea y Gobiernos conservadores, por un lado, y sindicatos y la izquierda europea (excepto laboristas británicos principalmente), por otro. Disputas reflejadas, en el último mes, en las tribunas de CincoDías.

¿Es necesaria la norma para la economía europea? ¿Mejora la competitividad o rompe el modelo de crecimiento europeo? Lo primero de todo es aclarar las razones para tomar esta medida.

Desde 1993 rige en Europa una directiva que limita el tiempo máximo de trabajo en 48 horas semanales. Ya entonces se aprobó el conocido como opt-out (optar a quedarse fuera de la legislación) para Reino Unido, donde se permitían horarios más prolongados. La excepcionalidad tenía una vigencia de 10 años, por lo que desde 2003 se estaba negociando una nueva norma. La propuesta de la Comisión ha consistido en extender la excepción, con algunas garantías, a todos los países, iniciativa que hasta este año ha contado con una minoría de bloqueo encabezada por España, Francia e Italia. Hasta que Nicolas Sarkozy y Silvio Berlusconi llegan al poder y la minoría se desmorona.

La Comisión Europea entiende necesaria la norma para regular ciertos sectores como el sanitario, donde las guardias alargan las jornadas, y para dar respuesta a otros que la necesiten. 'Para actividades como el transporte, la logística o en las empresas muy ligadas a la globalización' donde los horarios son diferentes y se garantiza una mínima flexibilidad, explica Salvador del Rey, socio del despacho Cuatrecasas. 'Muestra una vez más que la flexiguridad debe ponerse en práctica: creamos más seguridad y mejores condiciones para los trabajadores mientras mantenemos la flexibilidad que la industria necesita', asegura Vladimir Spidla, comisario europeo de Trabajo.

La norma establece que un trabajador, sólo allá donde el Gobierno nacional lo regule, pueda trabajar hasta 60 horas si así lo acuerda con la empresa. Para la Comisión, de esta forma, se reduce el máximo de 78 horas con el que contaba el Reino Unido y, además, se ganan unas garantías para proteger al trabajador. El empleado no puede firmar esa excepción hasta que no lleve un mes en la empresa, dentro de los tres primeros meses puede anular el acuerdo y no puede ser despedido si renuncia a la excepción, salvaguarda que los sindicatos europeos ven de enorme debilidad, pues los periodos de prueba en los contratos alcanzan periodos más largos.

La directiva también recoge que en determinados casos, como las guardias médicas, la jornada llegue a las 65 horas, ya que dentro del horario están incluidos periodos inactivos, que presumiblemente se retribuirían a un menor precio, siempre según la legislación nacional. Se adapta así a las exigencias del Tribunal de Justicia Europeo, que había considerado como tiempo de trabajo aquel en el que empleado permanece a la espera de intervenir.

Pero los sindicatos no ven estas bondades. Las 60 horas se contabilizan como media trimestral, por lo que en determinadas semanas las jornadas podrían llegar a las 78 o incluso o las 89, sólo limitado por el descanso diario de 11 horas, según ha denunciado CC OO en estas páginas. Además, los acuerdos individuales romperían la fortaleza del modelo de negociación colectiva.

El peligro, para los críticos con la medida, consiste en la extensión a cualquier trabajador de lo que, en principio, se asegura que es una excepción. Los datos aportados para el debate por CC OO indican que en Reino Unido, único país donde existe el opt-out, más de cinco millones de trabajadores británicos trabajan más de 48 horas semanales durante todas las semanas del año.

Además, aparecería lo que los representantes de los trabajadores denominan como dumping social: las diferencias de legislación entre unos países y otros (los que no se acojan a la norma) crearían divergencias poco limpias en la competitividad de las economías vecinas.

El Gobierno también ha denunciado este posible dumping. En España, a la espera de conocer cómo se debería transponer la norma, esta directiva no tendría efectos ya que el Estatuto de los Trabajadores limita la jornada a 40 horas semanales. A no ser que un próximo Ejecutivo, con mayoría suficiente, decida introducir la norma comunitaria en la legislación española.

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha asegurado que la iniciativa de la Comisión se acerca más al siglo XIX que al XXI, ya que desde 1919 la jornada máxima queda en 48 horas. 'La limitación del tiempo de trabajo tiene un carácter emblemático para el movimiento sindical', ha señalado en CincoDías Cándido Méndez, secretario general de UGT.

Por eso, las centrales sindicales europeas han llamado a la guerra contra la directiva. No les gusta el modelo europeo que se está construyendo. En septiembre (y durante tres meses) la norma llega al Parlamento Europeo, con un Grupo Socialista dividido, para ser negociada y aprobada. A los eurodiputados les esperará una euromanifestación el mismo día que empiece el debate y para el 7 de octubre están convocadas movilizaciones en los 27 países miembros.

Los sindicatos han invocado, como forma de presión las elecciones al Parlamento Europeo que se celebran el año próximo, donde los ciudadanos podrían castigar a aquellos que les entorpezcan su conciliación de la vida laboral y familiar. El debate acaba de comenzar.