Una nueva visión del agricultor
Las propuestas de la Comisión Europea para la reforma de la Política Agraria Común (PAC), a aplicar en 2013, han llegado en un momento complicado para Europa, con una crisis económica generalizada -con serias implicaciones sobre el proyecto de integración europea- y una situación de turbulencia en la política internacional que se traslada a los mercados de energía y materias primas.
El documento de la Comisión ha recibido adhesiones y críticas: las primeras desde quienes ven suficiente una reforma no rupturista, y las segundas desde posiciones más ambiciosas o de quienes exigen mayor concreción en cuestiones vitales como la estabilización de los mercados, el fortalecimiento del papel de los agricultores en la cadena alimentaria o el estímulo a los servicios ambientales. Uno de los aspectos que merece aclaración es la cuestión de los beneficiarios de las ayudas.
¿Quiénes deben recibir ayudas públicas de la PAC? El mérito del documento ha sido incorporar la figura del agricultor activo, a instancias, todo hay que decirlo, de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas Europeo. Si bien el espíritu de la propuesta es que las ayudas vayan principalmente a aquellos cuya actividad tiene relación con la agricultura o la gestión de la tierra, en la práctica la Comisión no concreta la definición de agricultor activo. Existen distintas interpretaciones posibles o formas de relación entre el titular de una explotación y su relación con la actividad agraria. Es además inevitable no asociar esta idea con conceptos como los de agricultor a título principal o agricultor profesional, lo cual tampoco ayuda mucho, dado que no existe un estatus jurídico comunitario, ni siquiera español, sobre estas figuras.
Sería discutible que criterios como el tiempo dedicado a la explotación o el peso de los ingresos agrícolas sean una buena guía para determinar quién debería ser beneficiario principal de una PAC que va a ser a más verde y más competitiva. Sería difícil excluir a un profesor, por poner un ejemplo cercano, de las ayudas de la PAC, si su hipotética explotación brindase a los ciudadanos beneficios ambientales, sólo por no residir en el campo o dedicarse a sus tierras los fines de semana. Y lo sería al margen de sus rentas totales o el régimen de gestión de la explotación, a no ser que también se excluyese al propietario de tierras cuyas rentas provienen de fuentes de ingresos tan dispares o más que las del profesor. El ejemplo es una simplificación del debate, pero demuestra que un análisis desapasionado lleva a situaciones quizá no previstas en el punto de partida.
¿Por qué no centrarnos en la cuestión del conocimiento y la capacitación para definir al profesional de la agricultura? Si la agricultura puede ser una actividad gratificante a cuyo ejercicio todo el mundo tiene derecho, debería reconocerse el carácter de agricultor activo a quien demostrase, entre otras cosas, que practica una profesión acreditada mediante una formación exigente con un diploma o título de una institución autorizada. Este elemento de capacitación es importante en un país como el nuestro que busca desesperadamente no perder el tren del conocimiento y la innovación. Países como Francia y Holanda siguen fortaleciendo su sistema agroalimentario, lo que incluye la formación de sus agricultores, mientras que la España oficial y administrativa mira con cierta desidia y arrogancia la fabricación de chorizos o la recolección de cítricos, al tiempo que abandona poco a poco los instrumentos de investigación, capacitación y divulgación. No es normal que el número de estudiantes de formación profesional agraria en España llegue apenas a 9.000 cuando en Francia supera los 140.000.
En sociedades con actividades y fuentes de renta diversificadas no es posible responder con criterios del pasado a los retos del futuro. A cada política hay que asignarle los objetivos que demanda la sociedad. La Administración debe promover un sector agrario cuyo principal peso económico, ambiental y territorial esté en manos de profesionales cualificados.
Raúl Compés López y José María Álvarez-Coque. Profesores de la Universidad Politécnica de Valencia