El presidente Evo Morales ha sorprendido al país y al mundo al decretar, anteayer, la nacionalización de los hidrocarburos, la toma física de los campos hidrocarburíferos operados por empresas multinacionales, la entrega del control total de la cadena productiva de hidrocarburos a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la expropiación de acciones de varias compañías del sector, entre otras medidas (...).

La Nacionalización deja para las empresas petroleras un 18% del valor de la producción e incrementa los ingresos del Estado de un 50% a un 82% (...).

Es muy previsible, a partir de ahora, que las principales empresas petroleras en Bolivia deban elegir entre tres caminos: retirarse de Bolivia, acudir a recursos legales y arbitrajes internacionales para hacer respetar sus inversiones y contratos con el Estado o, por último, aceptar los nuevos términos y condiciones (...).

Habrá que esperar, sin embargo, la reacción oficial de las empresas petroleras (...). Desde ya, un primer resultado de la decisión presidencial ha sido el favorable golpe de imagen que representó el inesperado lanzamiento del Decreto 28701, en momentos en que la estabilidad política del Gobierno empezaba a verse socavada por una serie de amenazas y conflictos sectoriales de toda índole.