Una muerte anunciada
Las medidas adoptadas por el Gobierno para la disminución del gasto público entran dentro de lo predecible en un contexto en el que arranca el desmantelamiento del sector público en Europa. Suponen un giro en la política del Gobierno para adaptarse a los requerimientos de los mercados que tendrá consecuencias a corto, medio y largo plazo, de sentido contrario en el primer y último caso e incierto en el segundo.
Es previsible que las medidas adoptadas permitirán sostener la cotización de los mercados secundarios de la deuda soberana española sin necesidad de la intervención de los bancos centrales, que tratan de controlar el diferencial que marca la prima de riesgo, hasta que los mercados se estabilicen, al tiempo que permite recuperar la confianza en nuestra economía por parte de los players del mercado.
A largo plazo, la caída de rentas provocará una disminución de la demanda efectiva que ralentizará la salida de la crisis con una disminución del crecimiento potencial de nuestra economía. Caída de la demanda efectiva que difícilmente se podrá compensar por una salida de la crisis si tenemos en cuenta que el problema de fondo -el sobreendeudamiento privado (en el caso español), a parte de los problemas estructurales de sobredimensionamiento de ciertos sectores productivos-, no solo no se soluciona sino que tanto por el efecto del descenso de la demanda como por el efecto expulsión que está provocando las necesidades de colocación de deuda soberana de los países desarrollados, tenderá a agravarse.
En los últimos dos años, los diferentes rescates al sector financiero en prácticamente todos los países de nuestro entorno han protegido a accionistas y bonistas a cargo de los contribuyentes. Ahora vemos como los inversores demandan más sacrificios en una dirección que inevitablemente conduce al desmantelamiento progresivo del sector público y del Estado del Bienestar tal y como lo habíamos conocido hasta ahora, en un claro fracaso de la política frente a la dictadura de los mercados.
Lo que hace falta es que estas medidas que afectan principalmente a los funcionarios, que son vistos como privilegiados por la mayoría de la sociedad en un momento donde el trabajo es un bien escaso, se vean acompañadas de los cambios estructurales que permitan un incremento de la productividad mediante el desarrollo de sectores más productivos y de mayor valor añadido, que suponga un incremento de la renta y de la demanda efectiva a largo plazo e impidan que las medidas sean puramente transitorias. Hemos tenido que dirigir la popa a la ola para capear el temporal, pero no permitamos que esto suponga navegar sin rumbo.
Lorenzo Dávila. Jefe del Departamento de Investigación del IEB, EAFI