CincoDias.com Opinión

La crisis económica está generando víctimas en toda la cadena productiva y está prolongando los periodos de pago de los compromisos financieros de todas las empresas y Administraciones públicas de forma alarmante. Sólo en los primeros meses de 2008 el retraso en los pagos de las Administraciones públicas se ha incrementado un 25%, hasta 144 días de media, poniendo en dificultades de liquidez a las empresas proveedoras. Un retraso de un mes en una deuda de 10.000 euros tiene un coste para el acreedor de cien, mientras que se convierte en un mecanismo de financiación para el deudor. Y no es momento, con una crisis financiera en todo el mundo, el mejor para que las empresas puedan prescindir del cobro puntual de sus facturas.

En España, según los datos del Banco de España para 2006, el periodo medio de cobro a clientes es de 47 días, mientras que la media del pago a proveedores llega a 66, lo que es la mejor evidencia de que se ha convertido en un mecanismo de financiación de los negocios que mueven grandes cantidades de efectivo. Para poner coto a estas prácticas, España ha establecido por ley un límite de 60 días para el pago a los proveedores, pero las Administraciones locales y autonómicas mantienen plazos que superan ampliamente los 100 días, haciendo frente en muchos casos al abono de intereses de demora. Las empresas públicas en general son también peores pagadoras que las privadas y muestran una evolución tendente al deterioro por la pérdida de pujanza de los ingresos impositivos, especialmente aquellos ligados a la actividad constructora e inmobiliaria.

Una economía transparente y celosa de la seguridad jurídica como la española no puede estar a la cabeza en la morosidad precisamente por el comportamiento del sector público. No es la mejor fórmula para proporcionar la confianza que los flujos de inversión extranjera precisan, especialmente cuando la globalización ha puesto a disposición del capital más oportunidades que nunca.