La noticia de que los funcionarios públicos no tendrán garantizado su puesto en el futuro provocó ayer un enorme revuelo en todos los rincones de la Administración Pública. Tanto es así, que el Ministerio que dirige Jordi Sevilla tuvo que matizar que en ningún caso se piensa despedir a los funcionarios, sino sencillamente someterles a evaluaciones periódicas y cambiarles de puesto o suprimirles algunos pluses salariales si no cumplen adecuadamente su cometido. Se trata de un mecanismo de autocontrol de calidad del servicio público que, como mínimo, debería servir como aliciente a muchos funcionarios para mejorar su desempeño en los puestos que ocupan.

Como en todos los segmentos de actividad, en el funcionariado también existen profesionales que muestran una dedicación irreprochable en el cumplimiento de sus funciones. Lamentablemente, el 'vuelva usted mañana' acuñado por Mariano José de Larra sigue predominando como imagen de la Administración pública, salvando algunas excepciones notables como la de la Agencia Tributaria.

El nuevo Estatuto del Empleado Público permitirá también ofrecer mejores condiciones laborales a los funcionarios más válidos, frenando con ello su fuga constante hacia el sector privado. Algo que es esencial si realmente se quiere dar un impulso a la eficiencia de las Administraciones.

El hecho de que estos empleos sean vitalicios no debe implicar, bajo ninguna circunstancia, que el funcionario tenga libertad para incumplir sus cometidos o hacerlo de manera deficiente. Y estas evaluaciones deberían ser sólo el primer paso hacia un sistema en el que la Administración pública esté en condiciones de romper la relación laboral con quienes no cumplan unos estándares mínimos de profesionalidad. Sólo así estará en condiciones de prestar sus servicios con eficacia a los contribuyentes, que son en última instancia quienes pagan los sueldos de todos y cada uno de los funcionarios.