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Tribuna - Miguel Ángel Iturralde
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Miguel Ángel Iturralde - 27/02/2006
En pocas semanas se habrá cumplido el primer año desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 5/2005 de Reformas Urgentes para el Impulso de la Productividad. Esta normativa, lejos de suponer una mejoría, no ha logrado otra cosa que estrangular a las industrias españolas que compran en el mercado liberalizado del gas, al impedir que se acojan a la tarifa regulada durante los próximos tres años.
Desde Hispalyt hemos constatado que, como consecuencia de esta normativa, la industria ha quedado a merced de unas comercializadoras que han subido los precios hasta un 35%. Todo ello se ha traducido en un aumento del gasto en combustible de más de un 60% en las empresas, porque a la subida de las comercializadoras se le debe añadir la desaparición de los descuentos del 15% al 20% que existían antes respecto a la tarifa, y el alza coyuntural de los precio de la energía, que ha sido de alrededor de un 10%.
Esta situación está afectando a todos los sectores industriales españoles consumidores de gas, en concreto más de 12.000 empresas -con más de 450.000 empleados-, con lo que su productividad y competitividad estará en serio peligro si no se toman las medidas adecuadas. Por si fuera poco, el pretendido mercado liberalizado del gas no es tal, ya que el número de operadores internacionales se ha reducido de 30 empresas comercializadoras a sólo una decena de ellas, que en la práctica controlan la comercialización del combustible como un oligopolio.
Es cierto que el precio de la materia prima ha subido, que el mercado del petróleo evoluciona al alza y que la factura energética será cada vez mayor, tanto para consumidores domésticos como industriales. Ante esta coyuntura, es necesario tomar medidas y en esa línea debemos circunscribir la reunión que el pasado mes de enero mantuvimos representantes de las asociaciones empresariales afectadas con el Ministerio de Industria. En ella, el ministerio se comprometió a poner en marcha, durante este próximo mes de marzo, un Observatorio para el seguimiento de los precios energéticos que servirá de foro de interlocución entre los suministradores y los grandes consumidores. Este espacio de diálogo deberá analizar la evolución de los precios energéticos y, específicamente, el del gas para buscar soluciones que reduzcan el impacto de la subida de precios sobre la industria.
Los representantes sectoriales también le recordamos al Gobierno la posibilidad de aplicación del artículo 97 de la Ley de Hidrocarburos mediante el cual puede establecer precios máximos de gas aplicables por los comercializadores a las ventas a consumidores cualificados, en momentos de falta de desarrollo del mercado o situaciones que lo hagan aconsejables.
En definitiva, la industria española reclama una política que beneficie a todos los sectores de actividad y, para ello, los representantes de las asociaciones empresariales clamamos, de forma unánime, por una causa común: salvar la amenazada competitividad de nuestras empresas creando un mercado del gas verdaderamente liberalizado.
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