El Gobierno ha incluido en el último paquete de medidas de estímulo a la economía una reforma en el funcionamiento de los puertos, que liberaliza las tarifas para generar competencia entre ellos, y pretende desbloquear uno de los cuellos de botella del comercio internacional: el coste de estiba y desestiba. La carga y descarga de los buques supone el 65% de los costes que el armador abona en cada puerto, y se convierte en determinante para las actividades económicas que importan o exportan bienes, pues el 80% de las compras de España entran por vía marítima y salen la mitad de las ventas.

Las labores de estiba están controladas por un colectivo de trabajadores cerrado y corporativo, severamente sindicalizado, que impone sus normas de funcionamiento a cada buque que entra o sale de las dársenas. Decide quién, cuándo y a qué precio se hace el trabajo. El Gobierno, aunque de manera tímida, quiere meter una cuña de competencia en esta actividad con una prima a las compañías que eleven el número de trabajadores propios y generen competencia interna para reducir precios. La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha tildado de escasa la reforma, especialmente en lo tocante a los estibadores, lo que debería servir de acicate para corregir este defecto durante el trámite parlamentario.