El Gobierno ha puesto en marcha la aplicación paulatina de la Directiva Europea de Servicios, que liberaliza la prestación de decenas de actividades unificando el mercado y en la que el criterio geográfico universal es la frontera de la Unión Europea. Pretende estimular así la libertad de movimiento de las personas, como consumidores y como trabajadores, para lograr que el mercado único sea efectivo en todos los aspectos. El Ejecutivo acaba de publicar la adaptación a la norma de la regulación del control aéreo, en el que trabajan en España unas 2.400 personas, con explícitos privilegios tanto en la entrada de nuevos controladores como en la remuneración de su desempeño, y con el consiguiente poder de presión a las autoridades de navegación aérea por tratarse de una actividad de alta sensibilidad en términos de seguridad.

La adaptación de la norma a los criterios europeos comunes, buscando consolidar el concepto de cielo único europeo, supone flexibilizar las barreras de entrada en esta actividad, que podrá ejercer en España cualquier europeo, sin que le sea exigible ni siquiera en conocimiento del idioma, siempre que disponga de formación secundaria concluida, 18 años cumplidos -y no 21 como hasta ahora- y domine el inglés. Esta apertura del mercado debería convertirse en el mejor mecanismo de provisión de puestos de trabajo en el control de la navegación en España, para nivelar una actividad con abuso sistemático del recurso de las horas extraordinarias, con la consiguiente remuneración también extraordinaria, como si se tratase de un gueto laboral en el que sus miembros estableciesen en exclusiva las condiciones de entrada. De hecho, las propias compañías aéreas imputan a los altos sueldos de los controladores la carestía de las tasas aeroportuarias, en cuya rebaja tiene un empeño especial el Ministerio de Fomento para superar las fuertes caídas del tráfico aéreo.

Por incapacidad o desinterés de la Administración y del propio colectivo de controladores, las condiciones laborales se desenvuelven sin regulación, tras cinco años sin lograr cerrar un convenio colectivo. El Gobierno, con la fuerte caída del tráfico aéreo, y en un mercado en el que más de una docena de aeropuertos no registran más allá de un par de operaciones en cada jornada, tiene un interés limitado en una regulación que ponga coto al abuso de las horas extras.

Pero tiene que hacer un esfuerzo técnico y político para aquilatar las condiciones laborales, para que no quepa una interpretación libre de las mismas, que hasta ahora ha sido fuente inagotable de conflictos laborales, con el consiguiente perjuicio para los cientos de miles de usuarios de la navegación aérea, que no son las compañías aéreas, sino los pasajeros que compran sus servicios.