La UE ha vuelto a demostrar su capacidad para convertir problemas en oportunidades y así dar saltos adelante. Con el acicate de la crisis de la deuda soberana desencadenada en Grecia, el Ecofin aprobó ayer la creación de un sistema de vigilancia presupuestaria preventiva que, a partir del año que viene, obligará a cada país a presentar en Bruselas las grandes líneas de sus Presupuestos antes de que lleguen a sus respectivos Parlamentos. La medida ya fue propuesta hace más de un lustro por la Comisión, pero rechazada como una injerencia. Ahora se ha aprobado en menos de cuatro meses casi sin controversia. Y con razón.

El objetivo de la reforma no es inmiscuirse en el legítimo debate político sobre prioridades presupuestarias de cada país, sino garantizar que los miembros de la UE y, sobre todo, los de la zona euro, tengan coherencia fiscal. Es un saludable ejercicio de coordinación para preservar la estabilidad de la Unión Monetaria. La opinión pública y las fuerzas parlamentarias podrán saber la opinión del resto de socios comunitarios sobre el marco presupuestario general (previsiones de crecimiento, de ingresos, de gasto, etcétera) que pretende su Gobierno. Y el ejercicio de control comunitario tal vez logre evitar garrafales errores en política económica como los cometidos los últimos años por más de un socio de la Unión.