Un marco estable para las renovables

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) tiene localizadas alrededor de 3.200 instalaciones fotovoltaicas que han cometido irregularidades. Sin embargo, de forma sorprendente, el Ministerio de Industria no les ha retirado aún las primas. Los conflictos competenciales entre las comunidades autónomas, encargadas del registro de las instalaciones, y la CNE, de la inspección, podrían explicar esta paradoja, aunque no justificarla. El dato es una revelación especialmente oportuna en plena revisión de las primas a las energías renovables, cuya posibilidad de aplicar recortes retroactivos ha generado una gran polémica en el sector.

Lo primero que se precisa es transparencia. Los consumidores tienen derecho a conocer qué instalaciones reciben ilegalmente un dinero que acabarán pagando ellos a través del déficit de tarifa. Como también es preciso aclarar el motivo por el que no se han tomado medidas contra los tramposos. Todo apunta a que el Gobierno central no ha querido entrar en conflicto con unos Ejecutivos autonómicos que han sido laxos también en este tema. Y, por supuesto, es preciso que se acabe con este tipo de irregularidades que arrojan mala imagen sobre el conjunto de las energías renovables. Lo que supone una gran injusticia.

Sacar del mercado a los ilegales es una premisa para negociar con más tranquilidad el recorte de las primas, pues contribuirá a aliviar la factura. Las patronales reconocen que quizá se establecieron unas ayudas altas y están dispuestos a moderarlas. Pero tienen razón al demandar que se mantengan las condiciones establecidas y la rebaja se aplique sobre las instalaciones futuras. La retroactividad implica una inseguridad jurídica inaceptable, que pone en peligro la inversión de mucha gente, y sobre todo, lanza un mensaje hacia el exterior extremadamente inconveniente, y más en estos momentos. Ningún país serio se puede permitir el lujo de cambiar unilateralmente las reglas contractuales.

El Gobierno ya ha recibido varios mensajes del mundo empresarial que deben hacerle recapacitar. FCC ha anunciado que congela una inversión de 600 millones en dos plantas termosolares hasta que se aclaré el futuro sistema de primas. Otras multinacionales, en este caso no españolas, ya han desviado sus instalaciones a otros países por la inseguridad encontrada en España, algo inaceptable cuando ésta debe a dudas normativas.

Urge terminar las negociaciones y presentar el nuevo modelo de primas a las futuras renovables, así como descartar la retroactividad para las antiguas. Es ineludible que el Gobierno despeje el mix energético del futuro, garantizando que se cubrirá la demanda a precios competitivos y con la menor dependencia exterior posible. Y cumpliendo, además, los compromisos de energía limpia de la UE.