La crisis financiera está durando demasiado. A medida que la dolencia se ha extendido a más activos y a más entidades todo el mundo, los bancos centrales han descubierto su propia impotencia para solucionar los problemas. Han prolongado en el calendario la recuperación de la confianza y han comenzado a admitir, al menos en EE UU, que será preciso dinero público para restablecer la normalidad. La Reserva Federal ha pedido información detallada a cada banco o aseguradora sobre sus niveles de riesgo, y el grado de resistencia en caso de un episodio crítico. En Europa, el BCE sigue suministrando liquidez mientras los bancos limpian sus balances lentamente.

En España, donde no ha aparecido activo dañado alguno, los bancos empiezan a retrasar cada vez más en el calendario la solución a la crisis, a sabiendas de que supondrá dificultades añadidas para su gestión. Las instituciones dañadas en todo el mundo tienen que aflorar sus trapos sucios, y los reguladores deben forzar el ejercicio. Cuanto más tarde llegue el saneamiento, más dura será la solución. Y no es justo que instituciones sanas y bien gestionadas tengan que pagar el mismo precio que las gobernadas de forma negligente.