La ofensiva del Gobierno contra el fraude fiscal como fórmula para reducir el elevado déficit público que arrastra nuestra economía supone un capítulo destacado dentro del plan de reformas estructurales que España tiene pendiente. Como parte de esa estrategia antifraude, el Gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas, entre las que destacan una amnistía fiscal con la que prevé recaudar 2.500 millones de euros (y hacer aflorar 25.000 millones no declarados) o una limitación del pago en efectivo a un umbral de 2.500 euros en un intento de luchar contra la economía sumergida. Ambas son medidas oportunas, dada la urgente sequía de las arcas públicas y la necesidad -siempre obligada, pero en este momento perentoria- de asegurar que todos los contribuyentes cumplen con la parte de sacrificio fiscal que les corresponde. Cuestión diferente y aparte es si resultarán en sí mismas suficientes o lo suficientemente eficaces como para meter en cintura un problema que España no puede permitirse por más tiempo.

No es ningún secreto que el excesivo peso de la actividad económica informal en el PIB español -que nos aleja del perfil de países fiscalmente saneados y nos alinea con aquellos ineficaces en esta materia- constituye un serio problema que es obligado combatir. Pese a que los cálculos son siempre aproximados, existe un cierto consenso que cifra ese peso en un 20% y focaliza mayoritariamente su origen en un segmento de pequeñas y medianas empresas. Al igual que ocurre con otras disfunciones de la economía, no es factible llevar a cero el porcentaje de economía sumergida. Desde la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) se recordaba ayer que una ofensiva en condiciones contra el fraude fiscal podría reducir, como mucho, hasta seis puntos el peso de este sector de actividad en el PIB, lo que se traduciría en una rebaja de dos puntos porcentuales en el déficit público. Ello, sin embargo, exigiría realizar una auténtica reforma tributaria, a fondo y con vocación de permanencia, que incluya un descenso de las cotizaciones sociales y una subida del IVA y otros impuestos sobre el consumo. Todo ello unido a un riguroso mecanismo de control del fraude.

Declarar la batalla a la economía sumergida es, en cualquier caso, una tarea compleja en la que hay que saber medir con inteligencia los actos y las consecuencias. Por una parte, porque someter a un excesivo acoso a este segmento de pequeñas empresas puede acabar diezmando una parte del tejido empresarial español que proporciona empleo y aporta entre un 10% y un 15% del PIB. Por otro, porque no se puede sostener la sangría fiscal que alimenta este problema y mucho menos tolerar la vulneración de la legalidad que comporta. Aquí, como en tantos otros campos, hallar el equilibrio constituye la virtud y también la dificultad.